Bogotá continúa su lucha contra el robo de agua, con la exposición de dos nuevos casos. Según un comunicado emitido el 21 de octubre de 2024 por parte del Acueducto de Bogotá y la Policía, una empresa y un hotel fueron descubiertos en actividades ilegales relacionadas con el suministro del líquido.
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Uno de los predios implicados está localizado en el barrio Perdomo, de Ciudad Bolívar. Este caso involucra a una empresa que operaba como una fachada de la industria metalúrgica, pero que realmente se dedicaba a la “venta ilegal de agua en carrotanques”.
Según el comunicado, esta operación fraudulenta se basaba en la “alteración del medidor”, permitiendo la distribución diaria de “aproximadamente once (11) vehículos cargados con agua potable”.
Se estima que este robo asciende a “doscientos setenta y cinco millones de pesos”, equivalentes a más de “veintisiete mil (27.000) metros cúbicos de líquido potable”, cantidad suficiente para abastecer a más de dos mil trescientas familias durante un mes.
“Se dedicaba a la venta ilegal de agua en carrotanques, esto debido a la alteración del medidor, y que despachaba a diario y de manera fraudulenta, aproximadamente 11 vehículos cargados con agua potable. El hurto, en este caso, se estima que asciende a 275 millones de pesos en líquido potable que podrían abastecer a más de 2.300 familias durante un mes”, dice puntualmente el texto.
El segundo caso se ubica en Quinta Paredes, Teusaquillo, donde un “hotel de veinticuatro habitaciones” evadía ilegalmente el registro de consumo de agua. Las autoridades señalaron que este hotel “no realizaba sus pagos de servicio público de acueducto desde marzo del dos mil veintidós”, acumulando una deuda superior a “veintinueve millones de pesos”. El Acueducto pudo constatar la conexión ilegal, y en consecuencia, se “capturó al representante legal del comercio”.
La lucha contra este tipo de delitos no es nueva. Como lo afirma Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, “realizamos diariamente estos trabajos de investigación, seguimiento y control”. Avendaño hace un especial llamado a “los comerciantes”, advirtiendo que caer en “manos de personas inescrupulosas” que ofrecen “servicios de conexiones fraudulentas para minimizar el pago de los servicios de acueducto” o incurrir en la “venta ilegal de agua potable” puede resultar en graves consecuencias legales. Según las leyes vigentes, quienes cometen el “delito de defraudación de fluidos” pueden enfrentar “penas privativas de la libertad de dieciséis a setenta y dos meses” y multas que podrían alcanzar “ciento cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
El Acueducto de Bogotá remitió ambos casos de defraudación de fluidos a la Fiscalía General de la Nación. Esto busca asegurar una investigación exhaustiva de los “propietarios de los inmuebles y de las sociedades” implicadas. La detección y manejo de estos casos es esencial no solo para prevenir pérdidas económicas significativas sino también para asegurar un suministro justo y equitativo de recursos hídricos esenciales.
La ciudadanía juega un papel crucial en este esfuerzo colectivo. Los usuarios tienen la posibilidad de realizar denuncias a través de la línea “Acualínea 116″ o por correo electrónico a recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co. La idea central es mantener el flujo adecuado de información y colaboración entre todos los actores involucrados, resaltando que “cada gota cuenta”. La participación activa de los residentes es vital para combatir estos crímenes que perjudican el servicio y el acceso equitativo al agua en la ciudad.
Penas por robar agua
En Colombia, el uso indebido de recursos hídricos se considera un delito grave bajo la figura de defraudación de fluidos. Este delito, que incluye el robo de agua, conlleva sanciones significativas para quienes lo cometen. Las penas establecidas buscan proteger el acceso equitativo al agua, un recurso vital para la población.
Las personas que sean encontradas culpables de este delito pueden enfrentar penas de prisión que varían entre 16 y 72 meses. Además, se contempla la imposición de multas que oscilan entre 13.33 y 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas medidas buscan disuadir a los infractores y asegurar que los recursos hídricos sean utilizados de manera justa y responsable.
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