
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, se pronunció sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, centrando su defensa en el artículo que propone ampliar la licencia de paternidad a seis semanas. Este pronunciamiento se llevó a cabo frente a la prensa frente al Salón Elíptico, donde la congresista resaltó la importancia de esta medida como parte de un esfuerzo más amplio por equilibrar las responsabilidades familiares y laborales entre hombres y mujeres.
Esta declaración se produce en un contexto donde se está debatiendo la nueva versión de la iniciativa, denominada reforma laboral 2.0, que progresó significativamente en su camino hacia la aprobación. A pesar de ser una de las más criticadas por la oposición, parece que en la Cámara se prevé la aprobación del proyecto gubernamental.
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Según Pedraza, el Gobierno ya llegó a un acuerdo sobre la extensión de la licencia de paternidad, articulado 49, pues la representante destacó que “no estoy mal son fruto de un acuerdo que se hizo en la Comisión Séptima en donde se redujo el tiempo para la licencia de paternidad”, refiriéndose a las negociaciones que llevaron a esta propuesta, ella enfatizó que esta medida no solo es justa, sino que aborda necesidades humanitarias básicas: “necesitan al lado a un compañero que las acompañe, que las cuide, que ayude el trabajo de crianza”.

No obstante, la representante dejó claro que su apoyo a la reforma no es absoluto, ya que señaló que tiene un rechazo a otros artículos de la iniciativa gubernamental, particularmente aquellos que se relacionan con el contrato de aprendizaje y el enfoque del contrato agropecuario. En su intervención, señaló que la discusión sobre el contrato de aprendizaje es crucial, puesto que considera necesario “reconocer y devolverle ese carácter laboral al contrato de aprendizaje”, bajo el argumento de que los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) están contribuyendo significativamente a sus empresas.
Asimismo, Pedraza hizo hincapié en la importancia de abordar la situación del sector agropecuario, que enfrenta graves desafíos: “Las relaciones laborales en el campo, en un país en donde gran parte de los cultivos son estacionales, obligar a que haya un contrato a término fijo, ni siquiera es coherente con lo que ya se ha probado en la reforma laboral”.
Esta crítica se basa en la realidad económica que viven los productores agrícolas en Colombia, que se encuentran en una situación crítica.

“Yo creo que ahí si vamos a tener que buscar un acuerdo con el Gobierno, que sea mucho más realista y que reconozca las relaciones de producción del campo, es que los lecheros están quebrando, es que los cacaoteros están quebrando, o sea, estamos en una situación crítica del campo colombiano; como para no reconocerla”, señaló la representante.
La representante también anticipó que se llevarán a cabo debates importantes sobre el porcentaje de pago para los aprendices y la viabilidad del contrato agropecuario, al mencionar que era esencial encontrar un acuerdo más realista que refleje las dinámicas laborales del campo colombiano.
Después de la intervención de la congresista, los representantes votaron un bloque de tres artículos con un total de 82 votos a favor y 72 en contra. En consecuencia, la plenaria de la Cámara de Representantes optó por eliminar los artículos 31, 32 y 33, que se refieren al contrato agropecuario.
Aunque la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, “luchó” para defender estos artículos, al destacar que tenían la intención era formalizar a los trabajadores del campo, en la plenaria prevalecieron los argumentos de la oposición. Ellos sostenían que lo planteado en la reforma no tomaba en cuenta las realidades del sector agropecuario y desalentaba la contratación formal.
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