
La cárcel El Pedregal, ubicada en Medellín, ha sido el epicentro de un alarmante informe de seguridad que ha encendido las alertas de las autoridades.
Según información confirmada por el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) y basada en un reporte de la Policía Nacional, existen planes para atentar contra las instalaciones de este centro penitenciario y sus funcionarios.
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Las amenazas provendrían de grupos armados que operan en el Valle de Aburrá, y entre las estrategias contempladas para los ataques se menciona el uso de drones equipados con sustancias peligrosas.

Este informe ha generado gran preocupación tanto en el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como en las fuerzas de seguridad encargadas de proteger la cárcel. Se teme que los ataques puedan dirigirse contra las instalaciones de El Pedregal, también contra los patrullajes y las remisiones de reclusos a citas médicas, que son momentos vulnerables para los guardias.
Amenaza con drones: un nuevo desafío para la seguridad penitenciaria
Felipe Quimbayo, vicepresidente nacional del Seup, expresó públicamente su preocupación por la situación. Según Quimbayo, la información preliminar obtenida por la Sección de Investigación Judicial de la Policía Nacional (Sijin) apunta a que los atentados podrían involucrar drones, una táctica que ha venido ganando terreno entre grupos criminales. Este tipo de ataques representan un desafío adicional para las fuerzas de seguridad, que deben enfrentar nuevas formas de violencia con tecnologías no convencionales.
“Al parecer, los atentados van direccionados a la cárcel de El Pedregal, según la información que maneja la SIJIN de la Policía Nacional, y que busca atentar también con objetos no tripulados, con drones”, explicó Quimbayo, quien hizo un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que refuercen la seguridad en el centro penitenciario.

El uso de drones para cometer ataques es una amenaza cada vez más presente en escenarios de conflicto alrededor del mundo, y Colombia no es la excepción. Estos dispositivos pueden ser manipulados a distancia, lo que dificulta su detección y neutralización antes de que ocasionen daños. La posible utilización de estos aparatos con sustancias peligrosas representa un riesgo no solo para el personal de seguridad del Inpec, sino también para los reclusos y el personal administrativo que labora en el establecimiento.
Medidas urgentes de seguridad: el llamado del Inpec y del Seup
Ante este panorama, los guardias de El Pedregal han solicitado la intervención inmediata de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional para salvaguardar la seguridad tanto del personal penitenciario como de los reclusos. Los funcionarios han insistido en la necesidad de establecer un plan de seguridad integral que involucre la participación del Ejército, la Policía y las autoridades locales.

El vicepresidente del Seup también hizo un llamado al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para que colabore activamente en la formulación de estrategias de seguridad que puedan prevenir cualquier tipo de ataque. “Lo que se pide es que se active un plan de seguridad en los establecimientos carcelarios, con el apoyo de la Policía y el Ejército, para evitar que estos grupos puedan ejecutar sus amenazas”, indicó Quimbayo.
Implicaciones para la seguridad carcelaria y el control del crimen organizado
El Valle de Aburrá ha sido históricamente una zona de influencia de varias organizaciones criminales, incluidas bandas ligadas al narcotráfico y a delitos de extorsión. Estas organizaciones no solo ejercen control en las calles, sino que también han demostrado tener capacidad para influir dentro de los centros penitenciarios.
La posibilidad de un ataque a través de drones resalta la sofisticación de las tácticas empleadas por estos grupos. En el pasado, las amenazas en contra de las prisiones consistían principalmente en intentos de fuga o ataques directos durante traslados.
Aunque la incorporación de tecnologías como los drones abre una nueva etapa en los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario colombiano, obligando a las autoridades a adaptarse rápidamente a estas nuevas amenazas.
Aunque hasta el momento no hay indicios de que las posibles acciones estén motivadas por conflictos internos dentro del penal, la situación sigue siendo investigada por las autoridades. La rapidez con la que actúen será clave para evitar que estas amenazas se concreten.
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