El clima político en Colombia se intensifica a medida que se acerca la COP16, la Conferencia de las Partes sobre el cambio climático que tendrá lugar en Cali del 23 al 27 de octubre. El presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, hicieron un llamado a las organizaciones sociales para que suspendan las movilizaciones programadas en los próximos días, con el fin de no afectar el desarrollo de este importante evento internacional.
Así lo reveló el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alirio Uribe, durante su participación en el programa Hora 20 de Caracol Radio. El congresista explicó que, tras una reunión con el Consejo de Ministros, el Gobierno hizo un “llamado vehemente a que no se hagan movilizaciones en el marco de la COP”. En este sentido, subrayó que la movilización convocada el 23 de octubre, “está suspendida, por petición del Gobierno”.
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El representante destacó que, aunque las organizaciones populares consideran pertinente manifestarse en el marco de la cumbre de biodiversidad, el presidente Petro y su gabinete han determinado que no es el momento adecuado para realizar protestas. “Cuando van a venir 140 delegaciones, ministros, más de 30 jefes de Estado, el Gobierno, incluyendo el presidente, consideran que no es pertinente hacer una movilización”, afirmó Uribe.
La solicitud del Gobierno llegó pocos días después de que el mismo presidente Petro había instado a la movilización popular en respuesta a la investigación abierta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña por presunta violación de topes electorales. En este contexto, las centrales obreras, lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), habían convocado a protestas en apoyo al mandatario.
Fabio Arias, presidente de la CUT, manifestó que la movilización del 23 de octubre sería una “muestra de apoyo” al presidente, ante la determinación del CNE de formular cargos a su campaña por supuestamente sobrepasar los topes de gasto electoral entre la primera y segunda vuelta en más de $5.355 millones. “Lo que está haciendo el CNE es prevaricato, está violando la Constitución y la ley, es decir, está dando un golpe de Estado. Ante ello, vamos a estar en la calle”, afirmó Arias, dejando claro que las movilizaciones tienen un trasfondo de defensa de la democracia.
La CUT, junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), también ha sostenido que la decisión del CNE representa un “quiebre de la vida institucional del país”. Por ello, han instado a “defender la democracia mediante la movilización social y callejera”. Este llamado ocurre en un ambiente donde Petro ha manifestado que la investigación en su contra es el inicio de un “golpe de Estado”.
La investigación del Consejo Nacional Electoral
La investigación que ha llevado a esta situación fue anunciada por el presidente del CNE, César Lorduy, quien indicó que Petro, su gerente de campaña, Ricardo Roa, y otros miembros del equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”. Las acusaciones se centran en la supuesta superación de los topes de gasto establecidos y el uso de fuentes prohibidas para la financiación.
Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no reportó a ese organismo importantes aportes en sus cuentas, como los de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO), ni gastos relacionados con el pago a testigos electorales y propaganda.
Adicionalmente, en la segunda vuelta electoral, el CNE alegó que la campaña de Petro habría violado el límite de gastos por más de $1.646 millones, dinero que, según se sospecha, provino de donaciones del partido Colombia Humana y de la USO.
Con la COP16 a la vuelta de la esquina, la capacidad del Gobierno para gestionar las protestas y mantener un ambiente propicio para la cumbre será crucial. Sin duda, este escenario refleja la compleja relación entre la política, la protesta social y el desarrollo internacional en Colombia.
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