Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, ha expresado su preocupación por las implicaciones legales de la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Según declaraciones recogidas por W Radio, Buitrago advirtió que esta indagatoria podría afectar el fuero del presidente de la República, aunque aclaró que la investigación no es directamente contra él, sino contra su campaña.
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“El respeto al fuero presidencial es esencial para mantener la estabilidad y el marco constitucional del país”, declaró la ministra de Justicia.
La ministra explicó que el CNE ha recopilado evidencias que sugieren un exceso en los costos de los votos durante la campaña de Petro. Según Buitrago, en el peor de los casos, esto podría llevar a la devolución de los fondos de reposición de la campaña y a la imposición de multas a los responsables.
La importancia del fuero presidencial
Sin embargo, Buitrago enfatizó que el presidente cuenta con un fuero que lo protege, siendo la Cámara de Representantes su único juez en este contexto.
Buitrago subrayó que el CNE tiene una función prevista por la ley, pero debe actuar dentro de los parámetros constitucionales.
Según la ministra, el CNE no tiene competencia para investigar a una persona aforada como el presidente, y cualquier acción en este sentido podría ser considerada una violación al debido proceso y un ataque a los derechos fundamentales del aforado.
En sus declaraciones, Buitrago también mencionó el presunto acoso político en contra de Gutsavo Petro, señalando que en varios países de la región se ha utilizado el derecho como herramienta para atacar a mandatarios. Esto, según ella, genera la posibilidad de que se utilicen medios jurídicos como guerra para inmovilizar actividades realizadas por presidentes.
La molestia de Petro
Gustavo Petro enfrenta una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022. Este proceso ha generado un debate sobre el alcance del fuero presidencial y sus implicaciones para la institucionalidad del país.
El CNE ha decidido formular cargos contra Petro, lo que ha sido interpretado por el mandatario como una violación a su fuero presidencial. Según Petro, esta acción pone en riesgo la estabilidad institucional de Colombia.
El presidente Petro ha manifestado su desacuerdo con la investigación a través de redes sociales, mientras que sus abogados han optado por llevar el asunto a instancias judiciales.
Argumentan que el fuero presidencial debería proteger a Petro de investigaciones administrativas como la del CNE, ya que, según ellos, el único órgano competente para juzgar al presidente es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La defensa del mandatario colombiano: “Las reglas constitucionales no deben ser manipuladas”
El abogado penalista Mauricio Pava ha expresado su desacuerdo con la interpretación del Consejo Nacional Electoral sobre la capacidad de investigar al presidente en ejercicio.
Pava, quien defiende al presidente Gustavo Petro en el ámbito penal ante la Comisión de Acusaciones, sostiene que el CNE no tiene la autoridad para formular cargos ni investigar al presidente debido al fuero integral que protege a los mandatarios en ejercicio.
El CNE ha iniciado una investigación y formulado cargos contra Gustavo Petro en su calidad de candidato, así como contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, Juan Carlos Lemus, auditor del partido Unión Patriótica, y María Lucy Soto, auditora del movimiento político Colombia Humana.
Sin embargo, Pava argumenta que, aunque el CNE puede investigar y sancionar a la campaña, no puede extender esa investigación al presidente en funciones.
Pava explicó a El Tiempo que el fuero integral no solo protege al presidente de sanciones, sino también de ser investigado por autoridades administrativas. Esta interpretación, según él, debería aplicarse no solo al presidente Petro, sino a cualquier presidente en ejercicio, así como a magistrados y fiscales generales, tanto actuales como futuros.
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