El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Thomas Greg & Sons, ante la posibilidad de que la compañía se adjudique una nueva licitación de la Registraduría para las elecciones en el país.
“La toma de Thomas Greg & Sons de los procesos electorales es el mayor peligro para la democracia colombiana”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.
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El pronunciamiento de Gustavo Petro se debe a que el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, le pidió a la Registraduría suspender la audiencia de adjudicación de un contrato de asistencia logística y tecnológica, y que está valorado en más de $41.000 millones.
Según Idárraga, existen posibles acciones que podrían llevar a un limitado acceso plural de oferentes en el proceso de elección, “facilitando que al mismo contratista (por ejemplo, Thomas Greg & Sons) le sea adjudicado”.
En el informe, el secretario detalló que los plazos no permiten realizar las actividades para un contratista que no ha realizado ese tipo de contratos.
“Se identifican plazos de menos de dos meses, previo a la fecha estimada para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del objeto del contrato (parametrización de software, pruebas y alistamientos previos al escrutinio), que no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades para un contratista que no haya ejecutado antes un contrato igual o similar en la entidad”, indicó el funcionario de Presidencia.
Y agregó: “Se identificó que, en virtud de lo anterior, la Registraduría está especificando fechas de entregables que, incluso, deben ser presentados para la fecha de cierre del proceso de selección, situación que debe realizarse por un contratista seleccionado y dentro de la ejecución del plazo contractual y no con ofrecimientos propios de una propuesta presentada durante el proceso de selección”.
La situación, según el secretario de Transparencia de Presidencia, llevaría a una remuneración en el contrato, detallando que no se ha hecho la designación de una supervisión.
“Implicaría la remuneración establecida en el contrato, se plantea contra ofrecimientos dentro de la etapa de cierre del proceso, donde no ha procedido la designación de una supervisión ni mucho menos la suscripción de un contrato”, aseveró.
Por tal motivo, Andrés Idárraga indicó “que los oferentes dispongan de información suficiente y previa para generar un ofrecimiento que satisfaga los requerimientos del contrato al cierre del proceso de selección y que serán aprobados, y reconocidos para pago, cuando se suscriba el mismo, por lo que resulta no ajustado a la naturaleza de la ejecución de un contrato estatal”.
El alto funcionario explicó que en el proceso se identifica la experiencia específica requerida y que “podría cerrar las condiciones de acceso, ya que al exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, en el caso de Colombia, estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría”.
Andrés Idárraga detalló que todo llevaría a limitar el acceso, debido a la exigencia que eso puede llegar a tener el alistamiento y distribución de los eventos electorales en Colombia.
“Verían limitado su acceso, por la exigencia de alistamiento (empaque, certificación, logística, transporte, custodia y distribución en Colombia a todos los municipios del país en que se llevarán a cabo los eventos electorales objeto del contrato a celebrar)”, expresó el funcionario.
Y finalizó: “Adicionalmente, que deberán acreditar contratación directa y no en calidad de subcontratistas. Estas exigencias, de acuerdo con la revisión de antecedentes en la Registraduría, limitaría la participación a contratistas que hayan ejecutado contratos con las entidades en los últimos 10 años, que en su mayoría, ha resultado adjudicatarios para este tipo de procesos uniones temporales con integrantes como: Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. y Prosegur de Colombia S.A. entre otros”.
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