
El 7 de octubre de 2024, la Plenaria de la Cámara de Representantes retomó el debate del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, iniciativa que tiene un 40% de artículos aprobados y busca garantizar los derechos de los trabajadores colombianos.
En el orden del día se estableció discutir y votar los artículos 11,14,15, 16, 17 y 18 de la ponencia radicada por la representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal. Sin embargo, varios congresistas denunciaron que el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, no había dado las garantías suficientes para ese fin.
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En medio del debate en el Salón Elíptico, Salamanca se defendió de los constantes señalamientos en su contra por evadir la discusión de puntos clave de la reforma. Durante su intervención, dijo que “como presidente de la Cámara, no puedo ceder a las pretensiones de dilatación en el debate de la reforma laboral. Desde el inicio, he garantizado una discusión abierta, con la participación de todos. Han intervenido 117 representantes, tanto de la oposición como del Gobierno”.
Así las cosas, pidió “el favor que no se vuelva deporte nacional en la plenaria acusar al presidente de la Cámara de todo”. A propósito, comparó las arremetidas en su contra con las que recibe el presidente de la República, Gustavo Petro.
“Mi apellido no es Petro, mi apellido es Salamanca”, afirmó. De igual manera, solicitó de manera vehemente a los congresistas concentrarse en la discusión de los puntos aprobados en el orden del día. “Por favor, les ruego a ustedes colegas que sigamos en la discusión”, indicó.
¿Cuál fue la polémica en torno al artículo 18 de la Reforma laboral?

El origen de la discordia en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue la no discusión del artículo 18, orden que dio Salamanca justo antes de comenzar el debate, alegando que “a los congresistas no les queda bien pensar que los empleados podrían inventar excusas médicas de mala fe”.
La Cámara de Representantes aprobó el artículo 18 del proyecto de reforma laboral, tal cual como llegó a la plenaria. El precepto establece las licencias laborales que los empleadores tendrán que aprobar a los trabajadores, ya sea para citas médicas, calamidades domésticas, asuntos sindicales u obligaciones escolares, entre otros.
Frente a la decisión, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, señaló que es preocupante que no se discutan estos temas, puesto que en caso de ser aprobado el proyecto de ley, no habría reglas claras sobre el proceso para presentar una incapacidad o una excusa para asistir a una cita medida o de urgencia. “Algo tan básico como regular las relaciones o contratos entre los empleadores y los empleados, aquí lo están olímpicamente eliminando”, agregó.
A su vez, tildó de arbitraria la decisión de Salamanca, de no concertar con las bancadas, sino que la anunció con tono tajante. “Nos acaban, de manera arbitraria, de impedir el debate de las proposiciones no avaladas del artículo 18, que es uno de los más delicados porque tiene que ver con los permisos de licencias que los empleadores darán a los trabajadores”.
En la misma línea, el congresista del Centro Democrático, Óscar Villamizar dio a conocer su inconformidad durante el debate y con megáfono en mano expresó ‘falta de garantías’, haciendo alusión a la orden del presidente y de la mesa directiva con respecto al artículo 18.
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