El apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, abogado Jaime Granados, interpuso una acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por la presunta violación a los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del exmandatario colombiano, quien se enfrenta a la justicia por un supuesto fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
En el documento de 56 páginas y que conoció Infobae Colombia se precisa que “por medio de la presente acción de tutela, se demostrará que el día 2 de octubre de 2024, el JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ en desarrollo de la audiencia preparatoria llevada a cabo dentro del 11001600010220200027600, trasgredió los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA DEFENSA del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ”.
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Según Granados, no se les concedió la prórroga justificada que solicitaron en la audiencia realizada el miércoles 2 de octubre de 2024. El objetivo era revisar con detenimiento las pruebas que obtuvieron por orden de la Corte Suprema de Justicia del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe a través de la acción legal y que obtuvo Infobae Colombia le pide al Tribunal Superior de Bogotá que protejan el debido proceso, así como la defensa de Uribe, quien está siendo procesado por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
Argumentos de la defensa de Álvaro Uribe Vélez
- “No haber concedido –mediante orden judicial-, la prórroga justificada que se le había solicitado, con miras a poder verificar, por parte de la defensa, evidencia digital relacionada en el descubrimiento de la Fiscalía, a la cual la defensa sólo tuvo acceso hasta el lunes 30 de septiembre de 2024, a las 6:53 P.M”.
- “Impedir que la defensa verifique el contenido de las referidas evidencias digitales, para efectos de presentar adecuadamente su propio descubrimiento probatorio”
- “Forzar a la defensa, en esas condiciones, a presentar su descubrimiento probatorio a pesar de los requerimientos fundamentados y de la proporcionalidad de lo pedido, en tanto se pedían escasos siete días para poder hacer la labor de verificación”.
- “Continuar el trámite de la audiencia preparatoria, a pesar de que la defensa manifestó que en dichas condiciones no haría su descubrimiento, dejando así desprovisto al procesado de la posibilidad de hacer su descubrimiento, de enunciar y poder pedir pruebas”.
Jaime Granados aseguró que el único camino jurídico que queda es la “protección constitucional de los derechos fundamentales” del expresidente Álvaro Uribe es mediante la acción de tutela.
Cómo se desataron los hechos
La jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, negó la solicitud de aplazamiento de la audiencia preparatoria de juicio con el propósito de “evitar que el proceso se dilate de forma innecesaria porque, repito, el descubrimiento probatorio ya lo tuvo el señor defensor. No obstante, el despacho podría también considerar que la defensa parte del principio de mala fe hacia la Fiscalía y que esa copia espejo no corresponda con la información obtenida de los originales que reposan en la Corte Suprema de Justicia. De ninguna manera se puede suspender este acto procesal para realizar una verificación de una información con la que ya se cuenta desde el 12 de septiembre”.
Por tal motivo, el expresidente Álvaro Uribe tomó la palabra precisando que “esos dispositivos fueron decomisados hace muchos años. Están guardados y es muy importante poder conocer, para este descubrimiento probatorio, en qué estado están... Sí, es muy importante que la defensa pueda hacer el análisis de los dispositivos originales que llevan mucho tiempo decomisados”.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, respaldó la solicitud del abogado Jaime Granados de suspender la audiencia.
“Ante la imposibilidad de realizar el ejercicio de la contradicción con la expresión del debido proceso, al que tiene derecho el acusado, y con la tensión surgida entre esta garantía y la del término razonable (...) para evitar la prescripción en este caso concreto, debemos analizar que la audiencia sea suspendida por un término razonable”, indicaron.
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