En un reciente intercambio de declaraciones entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad para las Víctimas, se ha generado una controversia en torno a la disponibilidad de recursos para la implementación de sanciones restaurativas dirigidas a miembros de la fuerza pública y excombatientes de las Farc.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, expresó en una rueda de prensa su preocupación por la falta de financiación, afirmando que esto podría comprometer la efectividad de las sanciones impuestas a aquellos que acepten su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, la Unidad para las Víctimas ha salido al paso de estas afirmaciones, desmintiendo la narrativa presentada por la JEP y ofreciendo aclaraciones sobre la situación actual.
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Las declaraciones de la JEP
Durante la conferencia de prensa, el magistrado Vidal hizo hincapié en la importancia de los recursos que se habían pactado con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Según él, la JEP había asegurado $450.000 millones a través del Fondo Colombia en Paz, que serían destinados a un sistema de sanciones restaurativas.
Sin embargo, reveló que estos fondos fueron reasignados a la Unidad para las Víctimas. “Cuando los recursos que habían sido pactados y que técnicamente habían sido convenidos son reorientados a otra actividad, en lo que estamos enfrentando es la posibilidad de que las sentencias y las decisiones de la jurisdicción no se puedan aplicar”, afirmó el magistrado.
Estas declaraciones alarmaron a muchos, ya que la capacidad de la JEP para ejecutar sanciones restaurativas es esencial para la justicia transicional en el país. Según la JEP, la falta de fondos podría impedir la aplicación efectiva de las sentencias, lo que afectaría el proceso de paz y la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Respuesta de la Unidad para las Víctimas
En respuesta a las afirmaciones de la JEP, la Unidad para las Víctimas emitió un comunicado en el que desmiente las acusaciones de falta de recursos. En su declaración, se reafirmó el compromiso de la entidad de trabajar en coordinación con la JEP para implementar el Acuerdo Final de Paz, que tiene como eje central la reparación a las víctimas.
Además, explicó que el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz aprobó la creación de la ‘Subcuenta Justicia Restaurativa JEP0 en su sesión 52 del 11 de diciembre de 2023. Esta subcuenta tiene como objetivo “coordinar y ejecutar acciones interinstitucionales efectivas para la aplicación de justicia restaurativa en procesos judiciales ante la JEP”. En este contexto, se estableció que la JEP sería la entidad ejecutora de los recursos.
Sin embargo, la situación se complicó cuando la JEP solicitó un cambio en la titularidad de la subcuenta. Esta solicitud llevó a la realización de sesiones de trabajo con el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Secretaría Jurídica de la Presidencia. En estas reuniones, se llegó a la conclusión de que la Unidad para las Víctimas sería la entidad idónea para ejecutar la subcuenta y sus respectivos recursos, siempre bajo el direccionamiento de la JEP.
A pesar de esta conclusión, el tribunal de paz ha solicitado la eliminación de la subcuenta, argumentando que no es procedimentalmente posible el cambio de titularidad y que debería crearse una nueva subcuenta. En este sentido, la Unidad para las Víctimas subrayó que, contrario a lo que ha afirmado la JEP, la subcuenta aún no ha sido creada y, por lo tanto, no se han recibido los recursos.
La situación fiscal y los recursos
La Unidad para las Víctimas también abordó la cuestión de la disponibilidad de recursos en el contexto de la situación fiscal actual del país. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que los recursos de la ‘Bolsa Paz 2024′ no se encuentran disponibles en su totalidad y que su desembolso fue aplazado, lo que significa que, hasta la fecha, “no se ha decidido la destinación de dichos recursos, y no se ha realizado un desembolso ni a la Unidad para las Víctimas ni a ninguna otra entidad administrativa”.
Ante esta situación, la Unidad para las Víctimas llamó a la JEP y a la opinión pública, “para que no se hagan afirmaciones sobre procesos que hasta este momento aún no se han consolidado; esto con el fin de no desinformar a la ciudadanía, al país y, sobre todo, a la población víctima”, manifestaron.
Finalmente, la entidad invitó a la JEP a un diálogo efectivo para construir planes y programas de contenido restaurativo y reparador, “en aras de la construcción de una paz estable y duradera para Colombia”, concluyeron.
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