Durante un evento, Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), se refirió a la disminución del número de excombatientes de las antiguas Farc que se encuentran participando en los programas de reincorporación tras la firma del acuerdo de paz en 2016.
Según el informe presentado, en aquel año se contabilizaron 13.609 personas que entregaron sus armas como parte del proceso de desmovilización. Sin embargo, la cifra sufrió variaciones, y en la actualidad solo se reporta la permanencia activa de 11.233 firmantes dentro de los programas ofrecidos por el Estado para apoyar su transición hacia la vida civil.
La directora explicó que esta disminución se debe a diversos factores, entre los cuales se destacan los decesos por causas naturales de cerca de 400 excombatientes y los asesinatos de 465 firmantes en el periodo posterior a la firma del acuerdo. Además, la ARN perdió el rastro de aproximadamente 1.000 excombatientes, quienes abandonaron el proceso de reincorporación y, a la fecha, no se tiene certeza sobre su paradero ni sus actividades actuales.
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“Los que están perdidos del sistema son pocos. Abandonaron la reincorporación y no sabemos dónde están”, declaró Miller, quien señaló que hasta el momento no se dispone de información suficiente para establecer si estas personas reincidieron en actividades delictivas o si optaron por desvincularse por completo de cualquier contexto de ilegalidad.
Durante su intervención, la directora Alejandra Miller destacó la urgente necesidad de reubicar varios de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), lugares destinados a facilitar la reintegración de los excombatientes de las Farc que participaron en la firma del acuerdo de paz en 2016. Según datos proporcionados por la ARN, apenas el 15% de los firmantes que continúan en el proceso de reincorporación viven en los ETCR. Mientras tanto, un 44% optó por trasladarse a zonas urbanas, y un 41% se dispersó en áreas rurales.
La situación de los ETCR es compleja, ya que muchos de estos espacios no cuentan con la propiedad legal del terreno donde se ubican, lo cual dificulta la posibilidad de desarrollar proyectos a largo plazo. Miller explicó que es prioritario “trasladar aproximadamente nueve ETCR que en este momento no tienen tierra propia, y los lugares donde están ubicados no permiten la compra de dicha tierra”.
En este sentido, explicó que la solución implica adquirir terrenos adecuados para poder establecer de forma definitiva estos espacios, lo que incluye zonas como Carrizal y Remedios en Antioquia, el Etcr del Putumayo y dos en el norte del Cauca, ubicados en Buenos Aires y Miranda, todos ellos considerados prioritarios debido al alto riesgo de seguridad que enfrentan.
En el marco del proceso de reincorporación, un total de 3.015 mujeres y 8.218 hombres continúan comprometidos con la transición hacia la vida civil, junto a 1.879 personas que se encuentran en situación de discapacidad. La concentración geográfica de esta población se distribuye principalmente en los departamentos del Meta, Antioquia y Cauca, con porcentajes de 13%, 11% y 10%, respectivamente, reflejando una alta presencia en estas regiones, según los datos de la ARN.
El componente productivo fue una de las áreas de mayor avance en el proceso de reincorporación. Hasta la fecha, se implementaron 5.964 proyectos, de los cuales 133 son de carácter colectivo, mientras que el resto son iniciativas individuales que lograron beneficiar a un total de 11.022 personas, con una inversión que supera los 104.160 millones de pesos.
En cuanto a la disponibilidad de tierras, se logró gestionar un total de 13.663 hectáreas destinadas a los firmantes del acuerdo, lo que constituye un avance significativo en la provisión de recursos para la producción agrícola y el establecimiento de proyectos autosostenibles. Sin embargo, en materia de vivienda, los desafíos persisten: únicamente el 27% de los excombatientes residentes en áreas rurales lograron acceder a una vivienda propia, y la situación es aún más crítica en las zonas urbanas, donde solo el 11% de esta población cuenta con una casa propia.
A pesar de estas dificultades, la ARN reporta que un grupo de 74 personas consiguieron acceder a los subsidios del programa de vivienda Mi Casa Ya, como parte de los esfuerzos para brindar soluciones habitacionales y fortalecer la estabilidad de esta comunidad en su proceso.
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