El sistema de transporte público de Bogotá enfrenta un desafío constante relacionado con la elusión de pagos, un problema que afecta de manera significativa el funcionamiento de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).
Este fenómeno ocurre cuando personas utilizan tarjetas TuLlave que fueron robadas, extraviadas o que cuentan con algún tipo de subsidio, con el propósito de vender los pasajes a otros usuarios de manera ilegal. Estas prácticas proliferaron especialmente en el componente zonal, que opera con los buses azules y es donde se registra el mayor número de infracciones de este tipo.
Para hacer frente a esta problemática, la Policía Metropolitana desplegó un conjunto de operativos a lo largo de 2024, con el objetivo de frenar el uso indebido de las tarjetas. Estos controles se realizan prácticamente todos los días, en puntos estratégicos y zonas de alta afluencia, con un énfasis especial en los sectores donde se identifican las mayores irregularidades.
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Como resultado de estas acciones, las autoridades reportaron la incautación de un total de 5.834 tarjetas del Sitp en lo que va del año. Dichas tarjetas eran utilizadas para la reventa de pasajes, permitiendo que personas eludieran el pago legítimo del servicio y afectando así el equilibrio financiero del sistema.
El teniente coronel Pascual González, quien actualmente dirige las operaciones de la Policía de TransMilenio, informó a El Tiempo que, cada semana, se retiran de circulación entre 1.000 y 1.500 tarjetas personalizadas que se estaban utilizando de manera fraudulenta. “Es un problema persistente que requiere intervención continua”, afirmó. Durante un solo operativo, realizado el 26 de septiembre, las autoridades lograron recuperar 80 tarjetas ilegales en diversos puntos de la ciudad, lo cual evidencia la magnitud de la situación y el impacto de estas acciones en la reducción de la elusión.
En ciertos puntos cercanos a las estaciones del sistema zonal, se identificó la presencia de personas dedicadas a la reventa de pasajes utilizando tarjetas personalizadas que fueron emitidas con tarifas diferenciales y subsidios dirigidos a poblaciones específicas. La mayoría de estas tarjetas fueron adquiridas con los beneficios destinados a adultos mayores, personas con alguna discapacidad o ciudadanos que forman parte del Sisbén, lo que convierte su uso para la reventa en una práctica sancionable.
De acuerdo con Recaudo Bogotá, la empresa encargada de gestionar el cobro de pasajes en el sistema TransMilenio, los ciudadanos mayores de 62 años que cuentan con una tarjeta TuLlave personalizada tienen la posibilidad de beneficiarse de una tarifa reducida de 2.500 pesos, lo cual representa un descuento de 400 pesos respecto a la tarifa regular para cualquiera de los dos componentes del sistema: el zonal (buses azules) y el troncal (articulados). Esta tarifa diferencial se aplica durante 30 viajes al mes, una medida destinada a aliviar el costo de transporte para los adultos mayores.
Por otro lado, aquellos que se encuentran inscritos en los niveles A1 a B7 del Sisbén y que superan los 16 años también pueden acceder a la misma tarifa de 2.500 pesos por pasaje. Estos descuentos tienen el objetivo de brindar un apoyo financiero a las familias más vulnerables, asegurando su movilidad en la ciudad.
Asimismo, las personas que forman parte del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (Rlcpd) reciben un subsidio mensual de 29.500 pesos, que se carga directamente a su tarjeta TuLlave. Aprovechando estos beneficios, algunas personas se apropian de tarjetas personalizadas para comercializar los pasajes a la tarifa regular de 2.950 pesos, lo cual les genera un margen de ganancia ilegal. Estas acciones están tipificadas como una infracción y conllevan sanciones económicas de aproximadamente 600.000 pesos para quienes incurran en este tipo de práctica.
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