En medio de las actividades que llevó a cabo el presidente de la República, Gustavo Petro, en Nueva York (EE.UU.), a donde viajó para asistir a la 79ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el mandatario sostuvo un importante encuentro con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, con el que llegaron a nuevos acuerdos con respecto a la crisis migratoria en la inclemente selva del Darién.
Los dos presidentes acordaron organizar una reunión trilateral, en la que participe Estados Unidos, ya que todos los seres humanos que se aventuran a cruzar la inhóspita frontera entre los dos países, tienen como destino al país norteamericano.
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El jefe de Estado panameño recordó las duras consecuencias que ha tenido para su país este fenómeno de migración irregular que ha provocado “fuertes daños económicos y ambientales”, pese a que su origen es “ajeno a ambos países”, y que lo más grave es que ha causado una “tragedia humana” que incluye a niños que han perdido a sus padres en la travesía.
Petro, a su vez, propuso definir tres rutas para desincentivar el paso de migrantes en otras partes del trayecto que no pueden ser controladas.
Además de los presidentes, en la reunión bilateral participaron el canciller panameño Javier Martínez-Acha, el ministro de Seguridad Frank Ábrego, y el ministro de Comercio Julio Moltó, mientras que Colombia estuvo representada por su canciller Luis Gilberto Murillo.
Mulino tiene previsto pronunciarse este miércoles en la Asamblea General de la ONU sobre la lucha contra la migración irregular y la oposición a las listas fiscales discriminatorias que afectan a su país.
Desde que asumió el poder el 1 de julio, Mulino ha puesto como una de sus prioridades el “problema de la crisis humanitaria” en la frontera con Colombia, que atraviesa la peligrosa selva del Darién, utilizada cada año por miles de migrantes irregulares, principalmente venezolanos, en su camino hacia Estados Unidos.
Las autoridades panameñas estiman que en 2024 cruzarán el Darién unos 320.000 migrantes, lo que representa una disminución del 38 % en comparación con el récord histórico de 520.000 en 2023.
El gobierno de Mulino ha implementado nuevas políticas de control migratorio, como el cierre de rutas en la jungla, y ha firmado un acuerdo con Estados Unidos por un valor de 6 millones de dólares para frenar el paso de migrantes hacia Norteamérica.
En el marco de este acuerdo, Panamá deportó en el último mes a más de 400 migrantes en 12 vuelos, el último de ellos con 40 ciudadanos colombianos.
El director del Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), Roger Mojica, indicó la semana pasada que el flujo migratorio por el Darién ha disminuido en 100.000 personas en comparación con el mismo período del año pasado. Añadió que las deportaciones tienen como objetivo promover “una migración segura, ordenada y regular”.
Según los datos más recientes del gobierno panameño, 244.200 migrantes han cruzado la selva en 2024, lo que supone una disminución de 110.056 en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que representa una caída del 31 por ciento.
Sin embargo, desde la parte colombiana han señalado oficialmente que para contrarrestar esta grave crisis, no se puede clausurar el paso entre los dos países.
“Es imposible hablar de un cierre de la frontera (...) Cooperar, prevenir, disuadir... Estos son verbos rectores de la política migratoria. Pero se nos puede desbordar. Por Colombia transitan medio millón de personas cada año para llegar a Norteamérica”, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, en una entrevista que concedió al medio internacional, Europa Press.
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