La madrugada del domingo 22 de septiembre, la cárcel Epams, más conocida como La Tramacúa, en Valledupar, fue escenario de un violento ataque armado cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, dispararon en dos ocasiones contra la fachada del establecimiento carcelario. El ataque, que ocurrió alrededor de las 4:40 a. m., provocó alerta entre las autoridades y la comunidad local, de acuerdo con los medios locales.
Los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respondieron a los diferentes disparos, pero no lograron detener a los agresores, que huyeron rápidamente en dirección desconocida. Este incidente puso en tela de juicio las condiciones de seguridad tanto interna como externa de una de las cárceles más vigiladas del país, conocida por albergar reclusos de alta peligrosidad.
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El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, explicó que, inmediatamente después del ataque, se activó un plan candado con el objetivo de capturar a los responsables; sin embargo, hasta el momento no es posible dar con su paradero, de acuerdo con el diario El Heraldo.
La identificación de los atacantes se complicó debido a problemas técnicos relacionados con el acceso a los registros de las cámaras de seguridad, las cuales son gestionadas desde Bogotá. “Ha sido muy poca la información que hemos tenido por un tema técnico que maneja Bogotá, entonces no hemos podido tener acceso a las cámaras”, comentó Durán.
Fuentes judiciales indicaron al medio en mención que el reciente ataque armado a la cárcel La Tramacúa podría estar relacionado con demandas de reclusos de alto poder criminal. Estos internos exigen “garantías y privilegios” en sus celdas, que incluyen mejores condiciones alimentarias y beneficios no autorizados por el Inpec.
Además, los reclusos se oponen a las revisiones semanales de las celdas, ya que el personal de guardia encontró con frecuencia drogas, celulares y armas durante estas inspecciones. Este contexto sugiere un posible vínculo entre el ataque y las tensiones internas en el penal, que podrían complicar aún más la seguridad en la instalación.
“Estas medidas estrictas de seguridad no son de agrado para los grandes líderes de bandas criminales que han amenazados al director, subdirectora y algunos cabos, a quienes les han asignado esquemas de seguridad y carros blindados”, destacó el medio citado sobre la información de una fuente judicial.
Otra posible motivación tras el ataque a La Tramacúa
Aunque las autoridades no han confirmado un vínculo directo entre el ataque y el traslado reciente de Jhonier Leal, condenado por el doble homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, no se descartan otras posibles hipótesis.
Jhonier Leal, que debe cumplir una condena de 55 años de prisión, afirmó el 10 de septiembre que los guardias de La Picota, en Bogotá, lo estaban sometiendo a “tortura psicológica, persecución y acoso”. Además, indicó que los funcionarios realizaron un allanamiento en su celda en la madrugada, el cual consideró irregular por no contar con una orden válida, por lo que fue trasladado el viernes 13 de septiembre por la noche a la cárcel de Valledupar, bajo estrictas medidas de seguridad.
Es importante considerar que en este centro penitenciario están recluidos algunos de los delincuentes más peligrosos del país, por lo que el ataque pudo ser originado por factores externos y no necesariamente relacionado con este caso específico.
Asimismo, no se descarta la posibilidad de que algún familiar o allegado de un recluso, molesto por la negativa de acceso al establecimiento o por alguna otra restricción, haya ordenado o llevado a cabo el ataque como una forma de venganza.
El coronel Durán señaló que “esperamos el día de mañana hacer la solicitud de revisión para identificar placas, caras, entre otros aspectos”. Mientras tanto, la comunidad penitenciaria y la sociedad en general siguen a la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se adopten medidas concretas para prevenir futuros ataques.
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