La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia denunció en sus redes sociales que el gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido con la entrega de los recursos correspondientes al subsidio de gas licuado de petróleo (GLP) para los estratos 1 y 2.
Según la legisladora, los pagos están atrasados desde 2023 y faltan cinco meses por cubrir en lo que va de 2024.
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Valencia reveló que aunque las resoluciones para el pago de estas deudas fueron emitidas en agosto, los pagos pendientes incluyen el año anterior y el período entre marzo y julio de este año. La senadora cuestiona la demora en la ejecución del subsidio, que busca apoyar a familias vulnerables.
Por su parte, el Ministerio de Minas informó que el monto total por pagar asciende a 52.449 millones de pesos, aunque advirtió que las cifras y fechas podrían modificarse debido a procesos de validación establecidos bajo el procedimiento EP-P-54.
Además, aclararon que la emisión de las resoluciones no implica la entrega inmediata de los recursos, ya que el desembolso depende de los trámites internos del Ministerio de Hacienda.
Valencia destacó que en 2023 el subsidio benefició a 699.000 hogares, permitiendo el acceso gratuito a 14.6 kilogramos de gas en cilindro, lo que ayuda a evitar que estas familias usen métodos de cocción perjudiciales para la salud.
También enfatiza que si las familias colombianas no tienen suministro de gas, tendrán que buscar alternativas para cocinar: “No podemos seguir teniendo colombianos que cocinen con leña, sobre todo, mujeres que gastan más de 14 horas a la semana recogiendo la leña. Más de 450.000 mujeres podrían resultar enfermas de Epoc”.
Nariño y San Andrés y Providencia fueron las zonas con más beneficiarios, alcanzando 446.000 y 13.445 hogares, respectivamente.
La senadora también afirmó que Colombia está perdiendo soberanía energética en GLP. En 2016, el país exportó 47 mil toneladas de este gas, pero desde 2017 la producción se ha destinado al consumo interno y las importaciones han aumentado, alcanzando 44 mil toneladas en 2023.
Ante la crisis de gas en Colombia, hay incertidumbre con el pozo de gas natural Uchuva 2
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), advirtió que la suspensión de la exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2 podría poner en riesgo la soberanía energética de Colombia.
Esta decisión, derivada de un fallo de tutela, afectará significativamente la oferta de gas en el país, obligando a importar una mayor cantidad para cubrir el déficit proyectado del 7,5% de la demanda nacional a partir del próximo año.
El proyecto Uchuva 2, ubicado a 31 kilómetros de la costa en aguas profundas del mar territorial colombiano, es crucial para abastecer de gas tanto al norte del país como al interior. Según Pearl, este proyecto podría cubrir hasta el 40% de la demanda nacional de gas, lo que lo convierte en una pieza clave para mantener la autosuficiencia energética de Colombia.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, también expresó su preocupación por el fallo, señalando que decisiones como esta retrasan la entrada en operación de proyectos esenciales para garantizar la autosuficiencia energética del país.
Murgas enfatizó que 36 millones de colombianos dependen del gas para sus actividades diarias, y que la suspensión de Uchuva 2 pone en riesgo la calidad de vida de la población.
El fallo de tutela que ordena la suspensión de la exploración en Uchuva 2 se basa en la presencia de comunidades en la zona, a pesar de que el pozo se encuentra en aguas profundas, a 837 metros de lámina de agua.
Esta situación ha generado un debate sobre la necesidad de equilibrar el desarrollo energético con la protección de los derechos de las comunidades locales.
La ACP y Naturgas han manifestado que la falta de nuevos descubrimientos de gas y petróleo es insuficiente para reponer las reservas que se consumen en el país. La entrada en operación de Uchuva 2 estaba prevista para 2029, y su suspensión podría tener repercusiones significativas en la capacidad de Colombia para mantener su independencia energética.
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