Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, se ha unido a los congresistas que apoyan la construcción de un nuevo edificio para el Congreso, argumentando que se necesita urgentemente mejorar las condiciones de trabajo.
La iniciativa para la construcción de un nuevo edificio proviene del representante Jorge Eliécer Salazar, del Partido de la U. Salamanca considera que esta propuesta es crucial para resolver los problemas de hacinamiento a los que se enfrentan los trabajadores del Congreso.
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“Tener espacios dignos de trabajo para los trabajadores del Congreso no es un lujo. Ver jóvenes y funcionarios de planta en hacinamiento, trabajando en los pasillos o en sus casas es algo inhumano. Apoyo la idea de un edificio de oficinas para los trabajadores del Congreso”, escribió Salamanca en su perfil de la red social X.
En una entrevista con el medio Semana, Salamanca explicó que la proposición busca construir un nuevo edificio de oficinas para brindar espacios laborales adecuados y seguros. Afirmó que la medida es necesaria para congresistas, asesores y funcionarios de planta que actualmente se encuentran en malas condiciones laborales.
Según el documento, se solicita una adición de 15.000 millones de pesos para mejorar la seguridad y protección en los desplazamientos de los servidores públicos de la Cámara de Representantes. Además, se propone destinar 120.000 millones de pesos para la “ampliación y fortalecimiento de espacios físicos de la Cámara en Bogotá”.
La proposición del nuevo edificio se da en medio de la crisis por el PGN y la reforma tributaria
La congresista Katherine Miranda fue una de las personas que se pronunció ante la proposición de un nuevo edificio para el Congreso. Miranda le respondió a Salamanca, y afirmó que no es momento para enfocarse en más oficinas para los congresistas: “Presidente, no podemos ser irresponsables con el país ¿Cómo es posible que, en medio del déficit fiscal y la necesaria austeridad, usted propone un edificio nuevo para la Cámara por 120 mil millones de pesos? ¿Para eso es la Reforma Tributaria? ¡Un poco de respeto con los colombianos!”.
Algunas personas en redes sociales se han cuestionado cómo esta proposición puede salir a la luz: “Pero Jaime Raúl, si la mitad de la semana las oficinas del edificio nuevo del Congreso están por completo deshabitadas. Entiendo y valoro la idea de fortalecer el trabajo legislativo, pero no creo que una inversión tan grande como un edificio sea realmente efectiva para esto”.
De acuerdo con la Secretaría del Senado, el monto sugerido por el Gobierno nacional para el PGN de 2025, que asciende a 523 billones de pesos, ha sido rechazado por el Congreso. La negación se produjo tras un voto negativo por parte de la Comisión Cuarta del Senado. Esta información fue confirmada en respuesta a una solicitud planteada por la representante Katherine Miranda.
El plazo para la aprobación del monto en el Legislativo venció el 15 de septiembre, lo que generó un clima de incertidumbre sobre el futuro económico del país. Los senadores y representantes consideraban que si alguna comisión votaba en contra de la cifra, el presupuesto no sería aprobado.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que los 523 billones de pesos siguen vigentes para 2025, ya que para anularlos sería necesario un rechazo unificado de las cuatro comisiones económicas.
El posible recorte de 12 billones de pesos en el presupuesto también depende de la aprobación de la reforma tributaria. Aunque está estipulado que el presupuesto puede aprobarse sin que se haya perfeccionado el proyecto de ley para recursos adicionales, cuyo trámite podría seguir en la siguiente legislatura, el proceso continúa rodeado de especulaciones y dudas.
El 20 de octubre es la fecha límite establecida para la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN), de acuerdo con el marco jurídico vigente. Si no se aprueba antes de esa fecha, el presupuesto presentado por el Gobierno, con las modificaciones hechas en primer debate, entrará en vigor por decreto.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha denunciado bloqueos políticos que dificultan la aprobación del presupuesto para el próximo año. En medio de este complejo escenario, una reunión clave se llevará a cabo este miércoles para determinar los pasos a seguir y analizar la Ley Quinta de 1992.
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