
Aunque estaba previsto que en la jornada del martes 17 de septiembre, continuaría la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para el 2025 en las Comisiones Económicas del Congreso, la secretaría de esa corporación notificó la cancelación de la sesión por instrucción de la mesa directiva.
Sin embargo, esta decisión no ha sido impedimento para que el Gobierno nacional y los senadores y representantes mantengan un pulso por el monto definitivo que tendrá la nación para el año entrante.
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Pese a que en las anteriores jornadas en el legislativo, los congresistas negaron la propuesta de la administración nacional para que el presupuesto fuera de 523 billones de pesos, y respaldaron la proposición de reducir el monto a 511 billones de pesos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha ratificado que, en caso de que el Congreso no respalde la propuesta del ejecutivo, no se descarta que el presidente Gustavo Petro expida el Presupuesto del 2025 por vía decreto.

Esto ha generado varias opiniones en el legislativo. Uno de ellos fue el representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, quien señaló las graves consecuencias que tendría el país, en caso de que el monto económico sea decretado.
Una de las advertencias del congresista de oposición tiene relación con la postura de las calificadoras de riesgo para el país, que actualmente mantienen la calificación estable a la economía colombiana.
“Un presupuesto adoptado por decreto por el presidente de la República es adoptado de forma excepcional, en una forma que no es la ordinaria y eso lleva un mensaje para las calificadoras de riesgo y para los mercados adicionales, ahuyenta a los inversionistas y puede tener un costo en el servicio de la deuda que se va a contratar”, expresó el representante en declaraciones a los medios de comunicación.
Así mismo, el representante sostuvo que, con la propuesta del Congreso, de reducir el monto para el próximo año, no sería necesaria una ley de financiamiento o reforma tributaria, que fue radicada el pasado 9 de septiembre por el ministerio de Hacienda en el Congreso.
“Creo que ese será el camino que tomará el Congreso de la República, para impedir una nueva reforma que retrase el crecimiento económico (...) además, no es una reforma para crecer, porque hay reformas que definitivamente te tienen el crecimiento y generan más desconcierto y desconfianza”, comentó.
Respaldo del Pacto Histórico ante posible decreto presidencial del presupuesto
El pasado 11 de septiembre, por medio de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro manifestó su inconformidad con la negativa de las Comisiones Económicas del Congreso a los 523 billones de pesos planteados por el Gobierno, frente al presupuesto asignado para el país para el próximo año.
El mandatario señaló que, ante esta situación, no descartó que podría cumplir con el presupuesto planteado inicialmente por medio de un decreto presidencial. “Parece que el presupuesto, como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto (...) Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el gobierno lo decreta”, escribió Petro en sus redes sociales.

El anuncio del primer mandatario de los colombianos fue bien acogido por la bancada oficialista en el Congreso. La senadora Clara López, del Pacto Histórico, advirtió que el presidente podrá efectuar dicho decreto después del 28 de octubre, que es la fecha límite para que el Congreso apruebe el Presupuesto General.
“Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 28 de octubre, cuando se vencen los tres meses perentorios desde su presentación, el presidente Petro deberá expedirlo por decreto. No es un antojo, es un mandato constitucional. La hipótesis de la negación o el presunto hundimiento del presupuesto pregonado por estos días no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico”, escribió López por medio de su cuenta de X.
Y agregó que “en su contenido material se asemeja más a un acto administrativo que busca dar cumplimiento a leyes previas que ordenan los impuestos y autorizan los gastos del Estado. Por ello, muchos hacendistas han calificado el presupuesto como un acto condición cuya existencia es necesaria para que las leyes previamente expedidas por el Congreso puedan ser ejecutadas”.

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