Los heridos que los hospitales de Medellín no quieren recibir: los pacientes remitidos por el Soat enfrentan graves problemas para su atención

Accidentarse en Medellín, además de la grave crisis de movilidad que está generando en la capital de Antioquia por el incremento de los casos, también se ha convertido en todo un dolor de cabeza para las clínicas y hospitales que, en los últimos años, le han hecho “el feo” a los pacientes que llegan a sus salas de urgencias a través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Y es que las recientes modificaciones que ha sufrido el seguro, que desde 2022 modificó las responsabilidades monetarias entre las aseguradoras, la Adres y las ARL, han generado una crisis en los hospitales de Medellín, provocando consecuencias preocupantes tanto en la atención a pacientes como en las finanzas hospitalarias.

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Según alertó la Personería de Medellín, la situación ha alcanzado una gravedad tal que muchos accidentados enfrentan demoras de hasta un mes para recibir atención médica. Esta transformación, originada en una resolución expedida en 2022 por el Gobierno Nacional, modificó las condiciones de pago para accidentes viales, afectando seriamente a la red hospitalaria.

El Soat, diseñado inicialmente para cubrir los gastos médicos de accidentes de tránsito, ha sido objeto de múltiples reformas desde su creación en 1988. Sin embargo, la resolución de 2022 regresó a las aseguradoras la responsabilidad de pagar hasta 300 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv), pasando las siguientes cargas a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y, en caso de exceder los 800 Smdlv, a las EPS y ARL.

El coordinador del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería, Jilmar Rentería Delgado, señaló que las modificaciones han obstaculizado la aceptación de pacientes y alargado sus estancias en espera de remisión.

“Muchas veces no se aceptan los pacientes o estos tienen unas estancias prolongadas esperando ser remitidos. Hemos tenido inclusive casos de pacientes con 30 o 40 días a la espera de una aceptación a otro prestador”, comentó Rentería en diálogo con El Colombiano.

De hecho, una investigación del medio regional también encontró varias fallas en el nuevo modelo de pagos instaurado desde diciembre de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro apenas cumplía su primer semestre en el poder.

“Esos cambios que trajo la resolución de 2022 han llevado a que en muchas clínicas y hospitales, en los que antes este era un servicio rentable, se ponga un pare a recibir a esos pacientes. Eso es lo que ha demorado las remisiones, las consultas por especialistas e incluso barreras en las consultas de control y tratamientos posteriores”, señaló Rentería al medio citado.

Desde el Hospital San Vicente Fundación y el Hospital Pablo Tobón Uribe, se han reportado atrasos considerables en la facturación, atribuidos a la demora en la entrega de certificaciones por parte de aseguradoras, un nuevo requisito que exige la Adres a los hospitales para poder pagar los servicios prestados a los accidentados del país. Sin embargo, dicha certificación pueden tardar meses en ser expedida, lo que ha retrasado el pago hasta en un año después de atender a los pacientes en Medellín.

Juan Carlos Gómez Molina, gerente financiero del San Vicente, informó que la institución enfrenta una deuda pendiente de $8.785 millones debido a estas demoras. “Es muy difícil gestionar que se entreguen esas cartas como se están pidiendo. El problema fue que en la expedición de esa regulación no se tuvo en cuenta cómo iban a interoperar o cómo se iba a articular los diferentes actores”, comentó Gómez a El Colombiano.

Similarmente, el Pablo Tobón Uribe reportó un retraso en facturas pendientes por $12.900 millones, un problema que afecta seriamente el flujo de recursos. “Para poder radicar la atención a la Adres, debemos esperar a que la aseguradora Soat pague la parte que le corresponde y certifique por escrito que el paciente ya cubrió los topes y fueron cancelados a las IPS. Esto ha generado un pare en el proceso de facturación y radicación de las facturas de la Adres, pues el trámite de radicación y pago de las aseguradoras tiende a ser de meses”, comentaron las directivas del hospital.

Estos cambios han impactado negativamente el flujo y la recepción de pacientes heridos en accidentes y sus respectivos tratamientos. La Personería de Medellín, en su rol, ha recibido numerosas quejas de pacientes sobre barreras tanto en consultas iniciales como en tratamientos de seguimiento. Sin embargo, también se reconoce que muchos hospitales continúan brindando atención, pese a los desafíos económicos y operativos, intentando compensar los vacíos en pagos con recursos propios.

Por otra parte, el informe del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud cita que las inconsistencias en la facturación y la morosidad en los pagos han generado carteras vencidas que superan los 90 y hasta 120 días. Esta situación se ha agravado con la dificultad de aceptación y reconocimiento de pacientes sin Soat, cuyas atenciones deben ser aprobadas por la Adres.