Imputan al alcalde de Barrancabermeja por concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante

La Fiscalía General de la Nación investiga el presunto caso de corrupción para ganar las últimas elecciones regionales

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Durante la campaña electoral del
Durante la campaña electoral del 2023, denunciaron que el mandatario habría dado dinero y alimentos a quienes votaron por él - crédito @Jsvasquezg/X

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos en contra del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez, junto con su hermano, Maycol Brandon Vásquez Gómez, y un concejal, Ariel de Jesús Zambrano González, por su presunta implicación en un entramado de corrupción electoral durante las elecciones locales del 29 de octubre de 2023.

El ente acusador busca establecer si el mandatario local, su hermano y el concejal mencionado, incurrieron en actos de corrupción para ganar las elecciones.

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De acuerdo con la información que se conoce desde que estaban en campaña electoral y que es materia de investigación, los acusados habrían ofrecido dinero y prebendas a los votantes para asegurar su apoyo electoral.

Según los detalles proporcionados por la Fiscalía, esta red de corrupción funcionó alquilando casas cercanas a los puestos de votación, desde donde se coordinaba la entrega de dinero a los votantes. Estas casas, un total de 17, se utilizaron específicamente durante el fin de semana de la jornada electoral para facilitar el presunto fraude.

El alcalde electo de Barrancabermeja,
El alcalde electo de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, ganó las elecciones con más de 70.000 votos - crédito @Jsvasquezg/X

“La Fiscalía General de la Nación detectó un entramado ilegal que se habría presentado durante las elecciones locales del 29 de octubre de 2023, en Barrancabermeja, Santander. El alcalde de la ciudad y entonces candidato, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, en articulación con otras personas, presuntamente entregó dinero y ofreció diferentes prebendas a los habitantes para que votaran por él y otros aspirantes de su corriente política”, señaló el ente acusador.

Un entramado de corrupción con tres cabezas principales

Los delitos atribuidos a los investigados incluyen concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante, de acuerdo con el reporte que hizo la Fiscalía General de la Nación.

Estos cargos se basan en la evidencia obtenida y presentada ante un juez de control de garantías. Además, el ente acusador destacó que la acción no fue aislada, sino parte de un patrón que involucraba a varias personas claramente alineadas con la intención de alterar el resultado electoral.

De acuerdo con la documentación y pruebas reunidas, estas acciones ilegales se ejecutaron en conjunto con otras personas que trabajaban activamente para manipular el proceso electoral.

La responsabilidad de coordinar estas actividades ilícitas recayó principalmente en el alcalde Vásquez, su hermano y el concejal Zambrano González, quienes, según la investigación, jugaron roles cruciales en la organización y ejecución del plan.

Al parecer se entregaron bonos
Al parecer se entregaron bonos de hasta 100 mil pesos por voto - crédito Freepik

En declaraciones oficiales, la Fiscalía resaltó la gravedad del caso al identificarse patrones claros de fraude electoral, lo cual pone en riesgo la integridad del sistema democrático en el municipio de Barrancabermeja. Las acciones de los imputados habrían minado la confianza pública en las elecciones, una piedra angular de cualquier sistema democrático.

Las investigaciones que se han adelantado hasta el momento indican que los señalados ofrecían bonos de hasta 100.000 pesos, refrigerios y otras prebendas.

“Los elementos de prueba indican que el fin de semana en el que se realizó la jornada, se alquilaron 17 inmuebles ubicados en inmediaciones de los puestos de votación, los cuales fueron denominados ‘casas amigas’. En estos lugares, al parecer, se coordinó la entrega de refrigerios, agua y el pago de 100 mil pesos a cada ciudadano que comprometía su voto por Vásquez Gómez y algunos aliados que pretendían llegar al Concejo”, señaló la Fiscalía.

Para este propósito ilegal, de acuerdo con el ente acusador, presuntamente fueron contactados representantes de las comunidades para que movilizaran a los electores, a cambio de cargos públicos y otros beneficios, hasta las casas alquiladas para cometer el ilícito.

Este caso resalta la vigilancia constante de las autoridades frente a las violaciones electorales y subraya la necesidad de mantener un proceso transparente y justo. Es de particular importancia en Santander, una región que busca fortalecer sus instituciones y la confianza en el proceso electoral.

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