La Contraloría General de la República hizo público un exhaustivo informe de 168 páginas que detalla graves irregularidades en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caja Honor), con un impacto fiscal superior a los $3.400 millones de pesos.
El documento, correspondiente a la vigencia del año 2023, resalta hasta 20 hallazgos críticos que evidencian serias deficiencias en la gestión administrativa y fiscal de la entidad.
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Hallazgos críticos y deficiencias administrativas
El informe destacó que Caja Honor enfrenta cinco fallas con incidencia fiscal que suman un total de $3.426.955.459. Aunque la entidad ha intentado seguir la normatividad vigente, se han encontrado graves deficiencias en la conciliación de cuentas y en la valoración de activos.
La auditoría critica la gestión administrativa y fiscal de la caja, revelando que muchos gastos se realizaron a través de procesos contractuales inadecuados, sin contribuir efectivamente a la misión principal de la entidad, señalando discrepancias notables entre los datos proporcionados por las entidades bancarias y los registros internos de Caja Honor. Lo anterior incluye inconsistencias en la conciliación de saldos y errores en la identificación de beneficiarios; y deficiencias en la documentación detallada en el libro auxiliar.
Problemas en la valoración y compraventa de inmuebles
Uno de los hallazgos más significativos se refiere a la venta de viviendas en la urbanización Bicentenario, en Palmira, Valle del Cauca. Caja Honor había establecido un acuerdo con Alianza Fiduciaria S. A. para mantener los derechos legales de estas propiedades en un patrimonio autónomo. Sin embargo, 28 de las 37 viviendas incorporadas a este patrimonio fueron vendidas a precios significativamente inferiores al valor permitido, con una diferencia total de $676.345.700.
Además, se descubrió que un evaluador no registrado en el Registro Abierto de Avaluadores realizó las tasaciones de estos inmuebles, resultando en ventas por debajo del valor permitido. El informe detalló que el valor del avalúo comercial estaba muy por debajo del avalúo catastral, generando un perjuicio probado sobre el patrimonio de la entidad.
Irregularidades en contratos y pagos
El informe también reveló problemas con un contrato relacionado con un software de gestión de créditos hipotecarios y leasing habitacional. Aunque se han suscrito ocho modificaciones al contrato, el proveedor aún no ha cumplido con los plazos establecidos, causando retrasos significativos en la implementación del sistema.
Otro hallazgo relevante es la compra de viviendas en San Isidro, Jamundí, Valle del Cauca. Aunque se firmó un contrato para la adquisición de casas, Caja Honor no completó la compra, pero efectuó pagos por $2.668.000.000 a un contratista para cubrir costos asociados con diseños y licencias. Esta situación plantea dudas sobre la justificación de estos gastos.
A lo anterior, se suman los problemas en la compraventa de terrenos y la ocupación irregular de bienes inmuebles del Estado. Según la Contraloría, se permitió que particulares ocupen y utilicen estos bienes sin la formalización de contratos adecuados, lo que ha llevado a situaciones de uso indebido de los bienes públicos.
Un hallazgo fiscal adicional involucra el pago de avalúos no realizados en el proyecto Bicentenario. Se descubrió que un individuo fue remunerado por valoraciones de propiedades que en realidad fueron realizadas por otra persona, resultando en una pérdida de recursos por la misma cantidad.
Pagos innecesarios y contratos duplicados
El informe también critica el pago de estudios de seguridad en 2022, a pesar de que Caja Honor ya contaba con un convenio interadministrativo de 2017 que cubría estos estudios sin costos adicionales. El gasto innecesario de $17.047.665 pone de relieve una falta de eficiencia en la administración y utilización de los fondos públicos.
Las deficiencias reveladas por la Contraloría en la gestión financiera de Caja Honor destacan la falta de supervisión en los procesos de pago y la insuficiencia en los controles para garantizar la correcta ejecución de los contratos. Esto subraya la necesidad urgente de reformas y medidas correctivas para asegurar una administración más transparente y eficiente de los recursos.
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