El concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos interpuso una demanda de nulidad contra la intervención forzosa del San Juan de Dios, impuesta por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Salud. La decisión podría revertir una intervención que, según el cabildante, carece de motivaciones probadas y genera acciones perjudiciales para el sistema de salud de la ciudad.
La acción del vocero distrital cuestionó la resolución administrativa que ordenó la toma de posesión y la intervención administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, medida adoptada en mayo de 2024 bajo la resolución 2024420000003568-6. La intervención, basada en una auditoría realizada en marzo, identificó 30 hallazgos con implicaciones administrativas que supuestamente no representaban un riesgo significativo para el servicio ni la sostenibilidad financiera de la Subred.
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Según el Gobierno, los hallazgos de la auditoría justificaban la medida, pero Vahos argumentó que los resultados fueron manipulados para adecuarlos a los objetivos de la intervención. Además, consideró que la medida es una desviación de poder dirigida a fines particulares, lejos de los estipulados en el ordenamiento jurídico, y señaló un deterioro en las condiciones de atención desde la intervención.
El San Juan de Dios, epicentro de la controversia, enfrenta la terminación unilateral de su contrato bajo condiciones que amenazan la atención en salud de los bogotanos y tienen un impacto financiero significativo, con reclamaciones que ascienden a $108.000 millones, según explicó Vahos.
“Denunciamos la dramática e inhumana condición que están viviendo muchos de los pacientes de la SubRed Centro Oriente, que son incluso atendidos en suelo y en corredores ante el evidente deterioro de las condiciones de atención en este SubRed luego de la intervención del Gobierno nacional. Teniendo en cuenta que la intervención forzosa de la SubRed tiene motivaciones muy débiles y que no está mejorando el servicio, decidimos radicar una demanda de nulidad ante el Concejo de Estado para que anule el acto administrativo mediante el cual el Gobierno nacional tomó posesión de esta SubRed y le devuelva su control al Gobierno distrital y a todos los bogotanos”, precisó Vahos.
La demanda presentada por el cabildante fue asignada el 8 de agosto al Consejo de Estado, y sugiere que la intervención busca el control de los recursos económicos destinados a la salud en Bogotá, un presupuesto que supera el billón de pesos y representa cerca del 40% del total destinado a salud en la ciudad. Esa área de cobertura incluye a las localidades de Antonio Nariño, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal, y Rafael Uribe Uribe, atendiendo a más de 250.000 usuarios.
Por otra parte, mediante imágenes y testimonios, el concejal Vahos mostró el deterioro en las condiciones de atención en la Subred Centro Oriente, en el que alarmó la condición de pacientes atendidos en corredores y camillas en el suelo, largas filas para adquirir medicamentos, y usuarios que denuncian una reducción en la calidad del servicio desde la intervención gubernamental.
“Yo les recomiendo un hospital mejor para que no vengan a perder su tiempo acá, para que no se pongan a creerle a gente supuestamente aquí ayudan, que aquí no cobran, no les crean. La verdad ya vi que la atención es muy mala - yo se lo digo, yo soy auxiliar de enfermería y la verdad no me gustó la atención - Entonces como les dije, si este es un hospital de maternidad infantil para qué dicen que no tienen controles”, fue uno de los testimonios de los usuarios inconformes por la inoperancia del Instituto Materno Infantil.
Adicionalmente, la situación se enmarca en el Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, que en 2023 autorizó la adquisición de los complejos del San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil, aunque no se han reportado avances significativos al respecto.
La intervención del gobierno en la Subred, según Vahos, se fundamentó en hallazgos subsanables y no en un riesgo inminente para los servicios de salud o su estabilidad financiera. Ahora, el Consejo de Estado deberá estudiar la solicitud de nulidad que podría revertir la intervención y devolver la administración de la Subred al distrito.
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