El senador Antonio Correa Jiménez, recientemente nombrado presidente de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República, anunció que citará a un grupo de altos funcionarios del Gobierno a un debate de control político.
El objetivo de esta sesión, que se realizará de manera reservada, es analizar las presuntas irregularidades en la adquisición y uso del software espía Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (Dipol).
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El anuncio fue realizado el jueves 12 de septiembre, cuando Correa aseguró a través de un video en su cuenta de X, que la proposición fue presentada en conjunto con los senadores Iván Name y Jael Quiroga, y los representantes Andrés Calle y Carmen Ramírez: “¿En dónde está Pegasus? Esto no puede quedar en la impunidad”, afirmó el congresista, destacando la necesidad de esclarecer el caso.
Y es que, el escándalo en torno al software Pegasus surgió el 4 de septiembre, cuando el presidente Gustavo Petro denunció que el gobierno de Iván Duque había adquirido este programa a Israel para espiar a opositores políticos durante el estallido social de 2021. Según Petro, la compra ascendió a más de 11 millones de dólares en efectivo, fondos que presuntamente fueron trasladados en aviones desde Colombia hacia Israel.
El mandatario aseguró que documentos de la agencia tributaria suiza Impa respaldan esta transacción, tema central del debate político propuesto por Correa y su equipo.
Medidas a tomar en el debate y altos funcionarios citados al debate
La sesión de control político está programada para el miércoles 18 de septiembre, a las 12:00 p. m., y durante la misma se implementarán varias medidas clave para avanzar en la investigación. Una de ellas será la solicitud de la certificación bancaria de la supuesta transacción, con la ayuda de la Cancillería y la Unidad de Inteligencia Financiera. El senador Correa señaló que esta certificación se pedirá al banco israelí Hapoalim, con el que supuestamente se realizaron los pagos durante el Gobierno de Duque.
Además, se escuchará la versión del periodista israelí Gur Meggidor, quien llevó a cabo la investigación que reveló las presuntas irregularidades en la compra del software Pegasus. Asimismo, se espera la participación del general israelí Yair Kulas, cuyas declaraciones podrían arrojar más luz sobre el caso.
En cuanto a los funcionarios citados al debate de control político, estarán el ministro de Defensa, Iván Velásquez, junto con altos mandos de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera. También estarán presentes, como invitadas, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la procuradora Margarita Cabello.
La participación de estos altos funcionarios y expertos será fundamental para esclarecer los detalles de la supuesta compra y uso del software Pegasus, así como para definir las responsabilidades legales y políticas que puedan derivarse de estos hechos.
El rol de la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia
La Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, creada bajo la Ley Estatutaria 1621 de 2013, tiene como principal objetivo “fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir adecuadamente con su misión constitucional y legal”.
Entre sus funciones está la supervisión de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, el establecimiento de límites y principios para su desarrollo, y la protección de los agentes involucrados. Esta comisión también es responsable de garantizar que dichas actividades se realicen en el marco de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales, por lo que su injerencia en la investigación del caso Pegasus es importante para esclarecer que lo ocurrido no haya violado la ley.
Investigación de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación anunció que abrió una investigación sobre la adquisición del software Pegasus. En un comunicado, el ente acusador señaló que incorporó esta nueva denuncia al proceso que ya se había abierto luego de que un magistrado de la Corte Constitucional denunciara interceptaciones ilegales en la alta corporación judicial.
“En virtud de la conexión entre estas recientes denuncias, la unidad de Fiscales Delegados ante la Corte de justicia activó dichas averiguaciones en el marco de la indagación abierta el pasado mes de junio, por presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de las altas corporaciones de justicia”, se lee en el comunicado.
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