Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, presentó un derecho de petición al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, solicitando una modificación en las restricciones laborales que afectan a los solicitantes de refugio en el país.
García busca que las personas que lleguen a Colombia en calidad de refugiadas puedan acceder al trabajo de manera legal mientras se resuelven sus solicitudes de protección internacional.
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La solicitud de la fundación se enmarca en un contexto de extrema preocupación debido a la escalada de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Según informes recientes de la oenegé Foro Penal, se han registrado más de 1.700 detenciones arbitrarias, incluyendo a menores de edad, así como 40 desapariciones y 26 asesinatos.
Foro Penal también informó que, desde 2014, se han registrado 17.571 detenciones políticas en Venezuela. De ese total, más de 14.000 personas han sido excarceladas, mientras que alrededor de 9.000 siguen sometidas a medidas restrictivas de su libertad.
Esta situación se ha agravado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la oposición venezolana proclamó a Edmundo González como vencedor. Sin embargo, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia ratificaron a Nicolás Maduro como presidente, sin mostrar las actas de los comicios, lo que generó descontento tanto en la oposición como en la comunidad internacional.
Las tensiones políticas en Venezuela desataron una serie de protestas, que fueron reprimidas con fuerza por el Gobierno de Maduro. La represión incluyó la persecución de quienes rechazan su legitimidad como presidente, lo que ha obligado a miles de venezolanos a buscar refugio en otros países, especialmente en Colombia.
En su carta dirigida al canciller Murillo, Ana Karina García destacó el papel crucial que ha desempeñado Colombia como un lugar seguro para quienes huyen de la represión política, el acoso a la prensa y la violación de derechos civiles en Venezuela. A pesar de esta acogida, García señaló que el actual sistema de protección en Colombia impone barreras burocráticas significativas a los refugiados. “Los solicitantes de refugio, mientras sus casos están en estudio, reciben un salvoconducto que les impide trabajar legalmente, privándolos de generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas”, expresó.
García también señaló que estas restricciones no solo impactan a las personas a nivel individual, sino que también dificultan su integración en la sociedad colombiana. La Fundación Juntos Se Puede aboga por un cambio que permita a los refugiados suscribir contratos laborales a término definido o de prestación de servicios con el salvoconducto temporal que actualmente reciben. De este modo, estas personas podrían trabajar legalmente mientras se espera la resolución de su situación migratoria.
Llamado a la acción en Colombia
En agosto de 2024, la Fundación Juntos Se Puede recibió a más de 170 perseguidos políticos venezolanos, quienes solicitaron protección internacional en Colombia. En su petición al Gobierno colombiano, la fundación instó a que se permita a estas personas trabajar de manera legal mientras se resuelven sus solicitudes de refugio.
“Hoy, tenemos 178 personas que están solicitando protección internacional, la condición de refugio, y que no pueden trabajar”, señaló Ana Karina García. Por lo anterior, confirmó: “Radicamos un derecho de petición para que se revise la solicitud y se permita trabajar con el salvoconducto de forma temporal”.
Para la Fundación, la posibilidad de trabajar mientras los casos de refugio están en estudio no solo es una cuestión de supervivencia económica, sino también de dignidad humana. García destacó que estos cambios permitirían mejorar la calidad de vida de los perseguidos venezolanos en Colombia, mientras aboga por una política más inclusiva. “Esperamos que con estos cambios podamos contribuir a que estas personas tengan una vida más digna y activa en la sociedad colombiana, garantizando el respeto a sus derechos fundamentales”, concluyó.
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