En 2023, Colombia registró el mayor número de homicidios de defensores de la tierra y el medioambiente en el mundo, con un total de 79 asesinatos. Esto representa el 40% de todos los casos documentados a nivel global, según datos de Global Witness.
De acuerdo con el informe titulado Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, el de Colombia es el número anual más alto de homicidios registrados por la organización en un solo país desde que comenzaron a recopilar estos datos en 2012.
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América Latina, en su conjunto, concentró el 85% de los homicidios de defensores ambientales con Brasil, Colombia, Honduras y México como los países donde se registraron más del 70% de estos crímenes en 2023.
Según el informe, del total de líderes asesinadas en la región, un 43% pertenecía a comunidades indígenas y un 12% eran mujeres.
Uno de los datos más preocupantes que se dieron a conocer en el documento, es que la violencia relacionada con la defensa del medioambiente en Colombia se concentra principalmente en las regiones suroccidentales de Cauca (26 casos), Nariño (9 casos) y Putumayo (7 casos).
En ese sentido, desde Global Witness señalaron que estas áreas del país son las que han sufrido graves conflictos armados, disputas por la tierra y violaciones de derechos humanos durante por más de medio siglo.
Cultivo de coca y narcotráfico alimentan violencia en Colombia
El documento también señala que el cultivo de coca y el narcotráfico, junto con el conflicto armado, devastaron estas regiones en Colombia, lo que dejó a las comunidades y a los defensores de la tierra en medio del fuego cruzado.
Incluso, se sospecha que grupos delictivos organizados son responsables de, al menos, la mitad de los asesinatos de defensores ambientales en Colombia durante 2023.
Del total de asesinados en el país, 31 eran indígenas y seis pertenecían a comunidades afrodescendientes. La cifra acumulada de activistas asesinados entre 2012 y 2023 en el país asciende a 461 personas.
Compromisos y desafíos en la lucha contra la violencia
A pesar de que Gobierno de Gustavo Petro manifestó su compromiso de reducir la violencia, hasta el momento estos esfuerzos no lograron disminuir las represalias contra las comunidades y activistas más vulnerables.
Según el Programa Somos Defensores, la violencia contra líderes sociales y quienes trabajan en pro de los derechos humanos parece estar en aumento, incluso, el informe señaló que se establecieron algunos vínculos entre los ataques y las industrias que impulsan el activismo comunitario.
Por ejemplo, por minería se registraron cinco casos. Le siguen la pesca (tres casos) y la explotación forestal (un líder muerto), al igual que la energía hidroeléctrica. La mayoría de los atentados no muestran conexiones claras con estas actividades.
Qué dijo Global Witness
Laura Furones, asesora de la ONG y directora del informe, expresó su preocupación ante la elevada cifra de asesinatos, dado que esta cantidad es desproporcionadamente alta comparada con registros anteriores y se sospecha que la mitad de estos crímenes son perpetrados por grupos armados.
“Nunca habíamos tenido una cifra tan desproporcionalmente alta. Se sospecha que los grupos armados son los autores de la mitad de los asesinatos de defensores en Colombia en 2023″, afirmó Furones.
La asesora de la ONG y directora del informe también se refirió a la necesidad de apoyar a los líderes sociales que buscan un cambio positivo para el clima del planeta, por lo que aseguró que: “No podemos ganar la triple crisis climática sin una mayor protección de los defensores”, insistió.
Por su parte, Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, solicitó al Gobierno nacional la aplicación de “políticas claras” y “no solo declaraciones” para proteger a los defensores de derechos humanos.
Torres señaló que el Estado colombiano no cumple su deber constitucional de proteger a los defensores y lamentó la falta de coordinación entre las diversas instituciones responsables de esta tarea.
También se refirió al incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 que dio como resultado una “reconfiguración del conflicto y la expansión de grupos armados”, eventos directamente relacionados con el aumento de la violencia y persecución contra líderes sociales y ambientales.
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