El equipo jurídico de Air-e solicitó la intervención del Gobierno nacional debido a la crisis financiera severa que obstaculiza la continuidad de sus operaciones en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La solicitud de ayuda se presentó en la mañana del martes, 10 de septiembre, según informó El Espectador. La crisis se atribuye a los altos precios de la energía en bolsa, que actualmente superan los 720 pesos por kilovatio/hora, y una deuda total de 1,8 billones de pesos por parte del sector público.
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En una conversación con Caracol Radio, el abogado Jaime Lombana, representante de Air-e, reveló que los inversionistas han reportado pérdidas por encima de los 450.000 millones de pesos. Lombana señaló que los generadores de energía han evitado vender fuera del mercado de bolsa buscando maximizar su rentabilidad, lo que ha perjudicado a la empresa y a los usuarios.
“Los generadores no han querido vender por fuera del mercado de bolsa buscando una rentabilidad desbordada a costo del usuario. La empresa Air-e no puede más, por eso le ha dicho al Gobierno que no hay capacidad de soporte”, explicó.
Air-e, que se fundó en 2021, tiene la obligación de rendir informes trimestrales a la Superintendencia de Servicios Públicos. El último informe, presentado en julio de 2024, recomendó a la compañía acelerar su ritmo de inversiones.
El Gobierno no se ha pronunciado aún sobre la solicitud de intervención, pero la Superservicios podría optar por la toma de posesión para sanear la empresa o, en el peor de los casos, liquidarla.
El fenómeno de El Niño y las sequías derivadas han tenido un impacto significativo en el costo de la electricidad en Colombia, según una reciente investigación del Grupo Bancolombia. En los primeros seis meses del año, el precio de la energía subió un 4,3 %, lo que ha afectado considerablemente los bolsillos de los colombianos, especialmente en la región del Caribe.
Este aumento se debe, en gran parte, a la necesidad de utilizar plantas térmicas para generar electricidad debido a los bajos niveles de los embalses.
El sistema eléctrico colombiano se vio obligado a depender más de estas plantas, que utilizan gas o carbón, fuentes de energía más costosas que las hidroeléctricas. En su punto más crítico, los embalses llegaron a estar apenas por encima del 28% de su capacidad útil.
Datos de la Superintendencia de Servicios Públicos revelan que la factura promedio de energía en diciembre de 2023 para un usuario de estrato 1 en Enel Colombia (operadora en Bogotá y Cundinamarca) fue de $106.085, mientras que para EPM (Antioquia) fue de $85.275. En contraste, en las regiones atendidas por Afinia (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) y Air-e (La Guajira, Atlántico y Magdalena), los valores ascendieron a $215.490 y $351.471 respectivamente, debido a la alta demanda de energía durante las altas temperaturas.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, explicó que en promedio, el valor del kilovatio hora en el Caribe es notablemente superior al resto del país, con rangos que superan los $1.000, mientras que en otras regiones está en torno a los $800. Este diferencial de precio está propulsado no solo por el mayor consumo debido a las temperaturas, sino también por los mayores costos de generación en esa zona.
Además de los costos, el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto de 2024 mostró que, a nivel mensual, hubo una contracción del 1,45 % en el sector eléctrico. Sin embargo, el comportamiento anual marcó un incremento del 15,16 % y un acumulado del 4,23 % para el año en curso, reflejando la presión inflacionaria sobre los hogares.
Para mitigar estos impactos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha propuesto una resolución para reducir las tarifas eléctricas, permitiendo al Gobierno asumir aproximadamente $2 billones de deuda de la opción tarifaria, beneficiando a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
A pesar de que los embalses han mejorado sus niveles, alcanzando un 53%, esta cifra aún está lejos del 60% necesario para garantizar estabilidad en la generación hidroeléctrica. Esta situación requiere una vigilancia constante y medidas adicionales para asegurar el suministro sin seguir dependiendo excesivamente de las plantas térmicas y evitando así mayores aumentos de tarifas en el futuro.
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