
El Gobierno colombiano destinará en 2025 una cifra monumental de $106 billones para cubrir la nómina de 1,16 millones de empleados públicos. Este gasto se desglosa en varias áreas clave del sector público, siendo inflexible y obligatorio para los próximos años.
De estos $106 billones, cerca del 50% ($46 billones) se transferirán a las regiones para el pago de personal de salud, educación, docentes y administrativos de universidades públicas. El monto cubrirá los pagos de, aproximadamente, 466.568 personas en los sectores antes mencionados.
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El segundo mayor destino de estos fondos es la seguridad nacional y Fuerzas Armadas, incluyendo Defensa y Policía, con una asignación de $27 billones, un incremento del 10% con respecto a 2024. Los recursos irán a 510.608 ciudadanos, con la Policía Nacional recibiendo $10,7 billones, seguida por los soldados y alumnos del sector Defensa con $7,5 billones. Complementan esta partida $6,4 billones para las Fuerzas Militares, $1,5 billones para los civiles del Ministerio de Defensa, y $530.000 millones para los auxiliares y alumnos de la Policía.

La Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos autónomos también representan un gasto significativo de $18,5 billones para pagar a 87.809 funcionarios, de acuerdo con un análisis de Valora Analitik. Dentro de este grupo, la mayor parte es para la Rama Judicial con 38.000 empleados y $8,1 billones, seguida de la Fiscalía con 27.163 empleados y $5,5 billones.
Además, se destinaron $3 billones a los entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. El Congreso de la República recibirá $770.000 millones, según las previsiones del presupuesto.
Las entidades del Gobierno nacional no quedan al margen, con una dotación de $14 billones para pagar la nómina de 97.769 personas. De este total, el sector de Hacienda es el que más recursos demanda, proyectando unos gastos de $4,7 billones para 25.418 funcionarios. Le siguen Justicia y Derecho con $2,1 billones, e Igualdad y Equidad con $1 billón. Transporte y Relaciones Exteriores también necesitarán cerca de $1 billón cada uno.
Este masivo diseño de fondos para la nómina del Estado colombiano generó debate en el Congreso de la República y la Academia. Diversas voces solicitan revisar la posibilidad de ajustar o recortar estos gastos, con la intención de liberar más recursos para programas sociales o de inversión que impulsarán la economía en 2025.

Se prevé que estos programas recibirán una fuerte reducción del 17,4% si se aprueba el presupuesto actual.
No obstante, modificar la nómina estatal se presenta como una tarea difícil debido a las garantías laborales de estos empleados. El Ejecutivo resaltó que este es un gasto inflexible y obligatorio, lo cual impone un desafío adicional para cualquier intento de reestructuración significativa.
Cómo va la ejecución en 2024
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, entre enero y agosto de 2024 se comprometieron recursos por $303,6 billones, equivalentes a 60,3% de las apropiaciones vigentes del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, aprobado por $503,4 billones.
Del total comprometido se adquirieron obligaciones por $256,5 billones de las cuales se pagó el 99,5%, equivalentes a $255,2 billones. Del total pagado, $58,8 billones correspondieron al servicio de la deuda, representando el 62,3% del total programado por este concepto para todo el año.
Sin contar con el servicio a la deuda, se adquirieron compromisos contractuales por $244,6 billones, un 18,1% más que el valor comprometido a finales de agosto de 2023, cuando se observaron $207 billones. Gracias a dicha gestión contractual, se recibieron bienes y servicios por valor de $197,6 billones, que equivalen a 48,3% del gasto autorizado para todo el año.
“Los pagos diferentes a deuda pública ascendieron a $196,3 billones, equivalente a 99,3% de las obligaciones de este tipo y 48% de la apropiación vigente, lo que demuestra la normalidad de los flujos de caja que honran los compromisos adquiridos en el Presupuesto General de la Nación”, indicó la cartera que dirige Ricardo Bonilla.

La entrega de bienes y servicios (ejecución) de agosto (48,3%) fue un 5,4% superior a la observada a finales de julio (42,9%). De los 31 sectores, 17 (55%) evidenciaron un aumento en la ejecución superior al promedio del mes de julio (5,5%).
Indicó el ministerio que las obligaciones suscritas con cargo a funcionamiento e inversión registran un nivel 1,5% inferior a la registrada a finales de agosto de 2023, cuando se observaron $171,5 billones. Los sectores de Educación y Salud y Protección Social evidenciaron las ejecuciones más altas, con indicadores de 64% y 62% respectivamente.
En términos porcentuales, la ejecución del gasto de funcionamiento (obligaciones) alcanzó 54,3%, cifra 2,2 puntos inferior a su promedio histórico de 56,5%. Mientras tanto, la contratación en los rubros de inversión se mantiene al alza, pues se comprometió 62,6% del total anual asignado ($100 billones).
En términos nominales, esto representa $11 billones más que lo comprometido en el mismo periodo de 2023, cuando se observaron $51,6 billones. La entrega de bienes y servicios (obligaciones) asociada a la inversión sumó $29,9 billones del valor anual programado, 3,7% menos que en agosto 2023.
Los sectores con mayor ejecución de inversión en términos de entrega de bienes y servicios fueron:
- Educación (50,5%).
- Igualdad y Equidad (50,1%).
- Ciencia, Tecnología e Innovación (48,2%).
- Minas y Energía (43,8%).
- Sistema Integral de Verdad, Justicia.
- Reparación y no Repetición (42,3%).
- Trabajo (42,2%).
El rezago total constituido ascendió a $35,8 billones (2,1% del PIB) y las obligaciones sumaron $25,6 billones. Del total obligado, $16,2 billones fueron de funcionamiento, $152mil millones del servicio a la Deuda y $9,3 billones de inversión.
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