En un panorama desalentador, los casos de acoso escolar y bullying en Bogotá experimentaron un dramático incremento entre 2020 y 2023, con más de 3.000 incidentes registrados. Adolescentes de entre 12 y 17 años han visto un aumento del 674% en estos episodios, mientras que en niños menores el incremento ha sido del 566%, según datos oficiales.
En paralelo, un reciente estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana muestra un alarmante aumento en el acoso escolar en Colombia. Según la investigación, un 23% de los estudiantes en el país reportan ser víctimas de acoso escolar o bullying de manera regular o constante en sus instituciones educativas.
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En términos más amplios, el estudio de la Universidad Javeriana revela que Colombia ocupa el puesto 11 entre los países de la Ocde con mayor proporción de estudiantes que sufre acoso regularmente o siempre. El análisis del Sistema Unificado de Convivencia Escolar (Siuce) indica que en 2023 se reportaron aproximadamente 6.180 casos de acoso escolar tipo II (agresiones reiteradas) y tipo III (delitos), lo que representa 2.690 casos más en comparación con 2022. Además, se señala un preocupante subregistro de incidentes, lo que dificulta la implementación de medidas efectivas para prevenir y abordar este problema.
El Siuce también pone de manifiesto que las mujeres, especialmente niñas y adolescentes, tienden a experimentar niveles más altos de acoso escolar en comparación con sus pares masculinos. Los grados 6º, 7º y 8º reportan un mayor porcentaje de situaciones de acoso, con la agresión física siendo la modalidad más común, seguida por la verbal y la relacional.
Para enfrentar esta problemática, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate una iniciativa que busca proteger a las comunidades educativas. Este proyecto, respaldado por 22 concejales, se enfoca en combatir diversas formas de acoso escolar y garantizar un ambiente de seguridad para los estudiantes en los colegios oficiales de la ciudad. La concejala Clara Lucía Sandoval, impulsora del proyecto, destacó la relevancia de este acuerdo, afirmando su importancia para la protección de niños, niñas y adolescentes en el distrito.
Como parte de las estrategias propuestas, se plantea el fortalecimiento de los comités de convivencia escolar, los cuales tendrán un papel clave en la identificación y resolución de casos de acoso. Además, la iniciativa incluye la creación de rutas de acompañamiento para víctimas, protocolos efectivos de atención y apoyo, así como programas de formación para padres, con el objetivo de involucrar a las familias en la prevención del bullying.
La propuesta también busca sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre los efectos negativos del acoso escolar, proporcionando herramientas para actuar de manera oportuna y adecuada frente a estos incidentes. Los promotores de estas medidas esperan que con su implementación se logre una significativa reducción en el número de casos de bullying y se proteja el bienestar de los estudiantes en Bogotá.
Por su parte, los padres de familia se han mostrado preocupados ante la escalada de acoso escolar en localidades como Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy y Suba, las más afectadas por esta problemática. Según informes, estas localidades reportaron los mayores porcentajes de casos, evidenciando la necesidad urgente de intervención por parte de las autoridades.
En el contexto de esta situación alarmante, la aprobación del proyecto en el Concejo de Bogotá representa un primer paso hacia la implementación de políticas robustas para la protección y bienestar de los estudiantes, en un esfuerzo por garantizar que las escuelas sean espacios seguros y libres de violencia.
De otro lado, se conoció que el rector Andrés Alonso Hortúa de la Escuela Normal Distrital María Montessori, de Bogotá, está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación por posible acoso escolar a un niño de seis años. El Ministerio Público inició una investigación para esclarecer los hechos, los cuales, según informes preliminares, incluyen agresiones físicas, golpizas y abuso sexual por parte de los compañeros del menor. Aparte del rector, otras cuatro personas del cuerpo docente y administrativo de la institución están bajo investigación: la coordinadora Ingrid Lissette Albarracín Tunjo, las docentes Karen Alexandra Cetina Silva y Elga Sánchez Aponte, y el orientador Ronald Jaramillo Palacio.
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