En lo corrido del año, 57 Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, fueron sancionadas en el departamento del Atlántico debido a incumplimientos en las normas de habilitación establecidas por la Resolución 3100 de 2019.
La Gobernación del Atlántico informó, el viernes 6 de septiembre, que las sanciones incluyen un cierre temporal o definitivo, con el fin de garantizar la calidad y seguridad en la prestación del servicio de salud.
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La Secretaría de Salud departamental confirmó que se realizaron 180 visitas a IPS en los municipios de Soledad, Sabanalarga y Juan de Acosta, en donde se identificaron diversas irregularidades en la prestación de este servicio.
Esta decisión va de la mano con el proceso de inspección, vigilancia y control que realiza esta dependencia, tienen el objetivo de verificar que las IPS cumplan con los estándares de habilitación requeridos.
La subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud, Rosmery Wehedeking, aseguró a El Tiempo, “nuestro trabajo se enfoca en asegurar que la prestación de servicios de salud en el departamento sea de la más alta calidad y que las IPS operen dentro del marco legal establecido. Hasta la fecha, hemos intervenido a 57 prestadores de servicios de salud, tanto instituciones como profesionales independientes, por proveer atención en salud de manera irregular o sin estar debidamente inscritos en el registro especial de prestadores”.
La funcionaria afirmó que estas medidas sancionatorias administrativas impuestas por la Secretaría de Salud departamental pueden variar desde un cierre temporal a otro definitivo de las instalaciones, dependiendo de la gravedad de las faltas detectadas. Una de las principales infracciones es la prestación de servicios sin estar habilitados, la falta de inscripción en el registro oficial, además de la oferta de servicios no correspondientes a la infraestructura disponible.
Las autoridades confirmaron que los operativos que se realizaron en el departamento pretenden garantizar que los usuarios del servicio de salud reciban una atención segura y de calidad bajo la normativa vigente.
Wehedeking señaló que la secretaría seguirá realizando las inspecciones en todo el Atlántico para asegurar que las IPS cumplan con su deber de brindar la atención de salud confiable, que sea conforme con las necesidades de los habitantes de la región y con lo indicado por las autoridades competentes.
“La intención es garantizar la prestación de servicios de salud a nuestros usuarios, que esta prestación sea real, que los prestadores que estén habilitados verdaderamente existan y que la oferta de servicio sea acorde con lo que ellos a nivel de su infraestructura, estén brindando a la comunidad”, agregó la secretaria.
La Gobernación departamental subrayó que la resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social establece un marco regulatorio para habilitar este servicio. En este proceso, la Secretaría de Salud tiene un rol de vigilancia y garantía de la calidad de atención que recibe la comunidad.
“La resolución establece criterios técnicos, administrativos y de infraestructura que deben ser verificados antes de otorgar la habilitación, lo que asegura que los servicios ofrecidos cumplan con los realmente entregados a la gente, como con estándares de calidad, seguridad y eficiencia”, resaltó la Gobernación por medio de un comunicado.
Se explica que cuando un prestador ha sido habilitado, inmediatamente la Secretaria de Salud verifica el cumplimiento de los servicios, inspeccionando los terrenos, realizando auditorías y haciendo revisiones documentales que tienen el objetivo de evaluar la infraestructura y calidad de la atención que se brinda.
Si se llega a registrar un incumplimiento, la entidad tiene la facultad de imponer sanciones a los prestadores del servicio de la salud, que pueden variar desde amonestaciones y multas hasta la suspensión temporal o definitiva del prestador.
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