
El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la investigación que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral (ELN) a su campaña, por la presunta financiación irregular que habría presentado y la violación de topes. El jefe de Estado aseguró que el CNE no tiene la competencia para hacer indagaciones al primer mandatario, por su fuero presidencial.
“Creen que el consejo electoral es la entidad que puede juzgar al presidente y lo hacen con un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado hecho rápidamente y que no es vinculante por ley y que no tiene competencia para decidir un conflicto de competencia sobre el fuero presidencial”, detalló Petro en su cuenta de X.
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Asimismo, indicó que la presunta violación de topes en su campaña no implica que deba dejar el cargo (perder su derecho político), porque solo se puede determinar por medio de una sentencia de juez penal, según establece la Constitución Política de Colombia. Eso quiere decir que una entidad administrativa, como el CNE, no podría tomar una decisión al respecto.

Criticó entonces a quienes perdieron en las elecciones presidenciales de 2022, en las que fue elegido para dirigir el país, y buscan que abandone el puesto a través del CNE, cuyos magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz plantearon hacer una formulación de pliego de cargos en su contra. También incluyó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que lo está investigando por las presuntas irregularidades en su campaña.
“Los derrotados por el candidato y por el pueblo quieren decidir en el consejo electoral y en la comisión de acusaciones que el presidente que los derrotó y su electorado se vayan, sin que haya cometido delito alguno. Y así creen que van a tratar el primer triunfo popular después del robo de las elecciones del 19 de abril de 1970”, añadió el primer mandatario.

En consecuencia, advirtió, nuevamente, que se estaría gestando un “golpe de Estado” en su contra y en contra del “pueblo” que lo apoyó en los comicios, que involucraría el dinero de personas poderosas, relacionadas con la mafia y con “planes de asesinato”. En ese sentido, el primer mandatario cree que
Según su versión, no existió ninguna violación de topes en la financiación de su campaña porque, de hecho, el CNE ya había hecho una investigación al respecto durante los 30 días posteriores al día de las elecciones presidenciales, y concluyó que no hubo anomalías. En ese sentido, la nueva investigación que se adelanta en contra de su campaña y por la cual dos magistrados buscan que se formulen cargos en su contra, estaría basada en “tesis torpes” que, además, están fuera del “tiempo legal”. “Ni el presidente excedió los topes electorales, ni el consejo electoral tiene competencia sobre mí”, aseveró.

Precisó que solo el “pueblo” puede decidir sobre su futuro como presidente de la República y, saliendo a las calles a manifestarlo. “Preparémonos para ello”, concluyó.
De acuerdo con el CNE, el primer mandatario habría violado los topes de su campaña en más de $5.300 millones, de los cuales $3.709 millones fueron utilizados en la primera vuelta, y $1.646 millones, en la segunda. Entre los recursos que no aparecen reportados, pero que habrían ingresado a la campaña, están $500 millones donados por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Sobre este monto existe un debate, debido a que el sindicato informó que el dinero fue aportado a la Colombia Humana y no a la campaña.

Ahora bien, tampoco habrían sido reportados otros $500 millones del Polo Democrático y $931 millones adicionales que fueron utilizados para pagar testigos electorales. “Omitieron el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos”, indica el informe del CNE.
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