
Un video que ha comenzado a circular en redes sociales ha generado una fuerte controversia, ya que en las imágenes se observa a un uniformado de la Policía Nacional agrediendo violentamente a un detenido que se encuentra en estado de indefensión.
El hecho habría ocurrido en la estación de Policía de Malambo, Atlántico, y el oficial implicado sería el intendente Loasby Yarud Suaza Gómez, adscrito a la Policía Metropolitana de Barranquilla. En el video se ve al uniformado golpeando en reiteradas ocasiones a una persona que está en el suelo, lo que ha desatado indignación en la opinión pública.
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Este no sería un caso aislado. De acuerdo con el perfil desde donde se publicó el video, el intendente en cuestión ha estado involucrado en varios incidentes similares. Se conoció que se le acusó de agredir físicamente a una mujer perteneciente a la etnia indígena Mokaná, quien ha preferido mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias.
Además, varios de sus compañeros en la estación de Policía han manifestado, de manera confidencial, que el oficial tiene un historial de comportamientos abusivos. Según declaraciones de uno de ellos a la revista Semana, el uniformado ha tenido múltiples problemas dentro de la institución debido a sus comentarios discriminatorios y su trato hacia subordinados.
“El señor Suaza insulta a patrulleros y auxiliares, aprovechándose de su antigüedad en la Policía. Aunque ha recibido varias quejas por parte de la ciudadanía, sigue en su cargo como si nada pasara”, reveló la fuente.
Tras la divulgación del video, las autoridades han tomado medidas. La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se ha abierto una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido y que, mientras esta avanza, el intendente Suaza ha sido separado temporalmente de su cargo. La institución también reiteró su compromiso con los lineamientos institucionales, asegurando que no tolerará ningún comportamiento que contravenga sus principios.

En Colombia, un uniformado vinculado a un caso de maltrato, como el del intendente Loasby Yarud Suaza Gómez, podría enfrentar sanciones tanto en el ámbito penal como disciplinario, dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados.
En el plano disciplinario, la Policía Nacional cuenta con un régimen interno que regula el comportamiento de sus miembros. Las conductas que atentan contra los derechos humanos y la integridad de las personas, como el maltrato físico a un detenido indefenso, constituyen faltas gravísimas según el Código Disciplinario de la Policía (Ley 1015 de 2006). En este caso, las sanciones pueden variar desde la suspensión temporal hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Por otro lado, en el ámbito penal, el intendente podría ser procesado por los delitos de lesiones personales, abuso de autoridad o incluso tortura, dependiendo de las circunstancias y la gravedad de la agresión. De acuerdo con el Código Penal Colombiano, si es hallado culpable de abuso de autoridad, podría enfrentar penas de prisión de uno a tres años, y en el caso de tortura, la sanción puede oscilar entre 8 y 15 años de cárcel. Las lesiones personales también conllevan sanciones de prisión, cuyo tiempo depende de la magnitud del daño causado.
Adicionalmente, el hecho de que exista un historial de denuncias contra el oficial podría agravar su situación. Las autoridades judiciales y disciplinarias considerarán estos antecedentes a la hora de determinar la sanción correspondiente, lo que podría hacer más severas las medidas en su contra.

Para denunciar abuso policial en Colombia, se puede acudir a varias instancias. Primero, se puede presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, que recibe quejas sobre conductas indebidas de funcionarios públicos, incluyendo policías. También se puede acudir a la Personería Distrital o Municipal.
En casos de gravedad, se puede interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por delitos como abuso de autoridad o lesiones personales. Además, la Defensoría del Pueblo ofrece asistencia a víctimas de abusos policiales. Las denuncias pueden realizarse en línea, presencialmente o por medio de líneas telefónicas.
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