No cesan los hostigamientos en contra de la Fuerza Pública y de la población civil en el departamento del Tolima, donde la semana pasada en el municipio de Dolores, suroriente del departamento, sufrieron por incursiones de una estructura armada que aún no ha sido identificada por las autoridades durante dos noches seguidas.
El primero de los ataques se realizó el pasado jueves 22 de agosto, donde las sedes de los uniformados fueron objeto de ráfagas de fusil, informó el alcalde municipal, John Vergel.
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“En horas de las noche, más o menos a las 8:30 recibimos informaciones de un hostigamiento a la estación de Policía y a la base del Ejército, desde el cerro de la Virgen. Gracias a dios no se presentaron hechos que lamentar ni contra las personas o la estructura física de esos lugares”, indicó el mandatario local.
Ante esas acciones violentas, las autoridades de Dolores, junto con la Fuerza Pública y la Gobernación del departamento adelantaron un consejo de seguridad el viernes en la mañana para tomar medidas de protección ante posibles nuevos hostigamientos, que efectivamente continuaron durante la noche de ese mismo día con aeronaves no tripuladas.
No obstante, el alcalde señaló que la población tenía que “prepararse ante cualquier eventualidad”, por lo que se dispuso de una restricción para la movilidad de los habitantes del municipio.
“Para proteger la seguridad en Dolores se decretó toque de queda de 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del siguiente día. También se prohíbe transitoriamente el uso de drones. Así como la restricción transitoria del estacionamiento de vehículos frente a los puntos de las bases militares, la Policía, la alcaldía, los puestos de salud, los hospitales, entidades bancarias, entre otras”, anunció.
Además se prohibió el transporte en automotores como motocicletas y otros vehículos que produzcan “sonidos” fuertes similares a “detonaciones” o de disparos “de armas de fuego”. Tampoco se podrán realizar eventos masivos como cabalgatas, o desfiles de vehículos.
El Tolima está siendo objeto de un intento de incursión de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, en especial en el sur del departamento que limita con el Cauca y Huila, donde la Fuerza Pública realiza constantemente operativos en contra de esos grupos armados, luego de que desde marzo se suspendiera el cese al fuego entre las estructuras que negocian con el Gobierno Nacional, tras el asesinato de la líder indígena Carmelina Yule, ultimada cuando acompañaba el rescate de un menor de su comunidad que había sido reclutado forzadamente por los insurgentes.
Desde entonces, la gobernadora, Adriana Magali Matiz, le está solicitando a la administración de Gustavo Petro acciones contundentes en contra de la subversión y proteger a la población civil, que ya ha estado siendo víctima de extorsiones.
Precisamente, sobre los nuevos hostigamientos, la mandataria departamental los condenó y reiteró su llamado para que la Fuerza Pública neutralice a esas estructuras armadas, con pullas al Gobierno Nacional.
“Los que atacan cobardamente a la Fuerza Pública por la espalda, ponen motos bombas en las calles de los pueblos y toman como escudos humanos a los niños en las escuelas rurales, de mí solo pueden esperar que actúe con contundencia (...) No me voy a callar ni ante Petro ni ante nadie, para que me den una limosna presupuestal por “gratitud”. Pues eso NO ocurrirá jamás (sic)”, trinó.
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