
Lo que en su momento resultó ser la mata con mayor demanda para la producción de estupefacientes, lo que motivó la proliferación de sus cultivos por gran parte del territorio nacional, hoy está en uno de sus momentos más decadentes.
En Colombia, el valor de una arroba de hoja de coca ha de forma tan drástica que, hoy en día, una arroba de este producto solo alcanza los 20.000 pesos, un precio tan bajo que ha generado preocupación y debate sobre su impacto y causas.
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Según Ana María Rueda, coordinadora de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), esta caída es un fenómeno exclusivo de Colombia, aunque otros países como Perú y Bolivia también han visto una reducción en los precios. En una entrevista con la revista Cambio, Rueda explicó que “es solo en Colombia y nadie tiene la respuesta concreta. Tenemos una serie de indicios o de factores que sabemos que tienen relación con la crisis, pero no hemos podido explicarla completamente”.
Desde mediados de 2021, la baja en los precios ha sido notoria, particularmente en regiones como el Catatumbo, donde las familias campesinas comenzaron a reportar problemas de hambre debido a la falta de compradores. “Nos estamos muriendo de hambre, no nos están comprando la coca”, mencionaron las comunidades afectadas a lo largo del país.

Según Rueda, muchos cultivadores han tenido que buscar alternativas de subsistencia ya que la coca era su principal fuente de ingreso. La crisis de la coca ha incrementado la inseguridad alimentaria en estas regiones, como lo señaló el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
La situación es compleja, y la caída de precios no ha incentivado necesariamente más compradores. “Con muchos o pocos compradores, se paralizó la compra y el precio se desplomó de forma generalizada”, comentó Rueda al medio nacional. Además, los efectos postacuerdo de paz con las Farc ha cambiado drásticamente la dinámica del mercado. Según comentó la coordinadora, no hay un control regulado como antes, y los cultivadores no saben a quién vender su producto ni cuándo podrán hacerlo.
Tras el acuerdo de paz, la reconfiguración del control territorial por parte de diversas estructuras armadas ha influido también en la crisis. Las familias ven cambiar sustancialmente la economía de la coca, ya que tanto el precio de la hoja de coca como el de la pasta básica de cocaína se redujeron a la mitad en todo el país en 2023. Ana María Rueda etiquetó la situación como “una tragedia humanitaria para las más de 400.000 familias que dependen de estos cultivos”.
A nivel global, hay una sobreproducción histórica de cocaína. En Colombia, a finales de 2022, se llegaba a las 230.000 hectáreas sembradas, según el monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), lo que refleja un aumento alarmante desde los años 90. Las cifras son respaldadas por la confirmación de que Perú y Bolivia también han incrementado sus cultivos, alcanzando respectivamente unas 98.000 y 30.000 hectáreas.

El fenómeno de sobreproducción global, además, implica que otros países como Honduras, Guatemala, México, Venezuela, e incluso probablemente Ecuador, están comenzando a cultivar coca. “Actualmente, existe una sobreproducción de coca en el mundo”, indicó Rueda a Cambio, lo que se une a un aumento en la productividad de la hoja de coca misma.
Respecto al consumo, algunos medios han sugerido que la crisis podría estar vinculada al auge de drogas como el fentanilo, aunque tal afirmación tiene sus debates para la coordinadora de políticas de drogas. “Lo que está ocurriendo le conviene a Colombia porque Estados Unidos tiene su foco en el consumo de fentanilo, lo que puede llevar a pensar que le presta menos atención a la coca”, indicó Rueda.
El mercado de la coca sigue siendo vital para muchas regiones en Colombia, especialmente en lugares como Catatumbo, Putumayo, Nariño, Cauca, y Antioquia. El perfil socioeconómico de los cultivadores ha sido estigmatizado en el pasado, pero lo que revelan los análisis actuales es distinto, pues muchas familias campesinas viven de la economía de la coca con ingresos que apenas sobrepasan el salario mínimo mensual. “Son campesinos humildes que mueven la economía de sus pueblos. Nadie se hace rico con eso, pero sí movilizan la economía local”, comentó la mujer.

En cuanto a las políticas frente a los cultivos ilícitos, Colombia sigue enfrentando grandes desafíos. Las propuestas para utilizar la hoja de coca con fines medicinales o en la elaboración de productos como tés aún no han sido implementadas de manera efectiva, a diferencia de lo que ocurre en países como Bolivia o Perú. Por otro lado, la fragmentación del control territorial y la presencia de diversos actores armados complican aún más la regulación y el comercio de esta planta.
Al perder estabilidad económica, los campesinos se vuelven más vulnerables a ser reclutados por grupos armados. Esto agrava el control territorial y la violencia en zonas de cultivo, una dinámica que Rueda y otros analistas consideran crítica. “Algunos analistas creen que la conflictividad en Colombia es otro factor que contribuye a la crisis de la coca”, afirmó Rueda a Cambio.
Para superar esta crisis, según la coordinadora de la FIP, se necesita una institucionalidad más fuerte y cambios estructurales que han estado ausentes en todas las administraciones recientes. “La curva de aprendizaje de los funcionarios ha sido larga y difícil”, mencionó Rueda, indicando que la falta de experiencia en la administración pública ha sido un obstáculo para implementar políticas efectivas, mientras que la inseguridad en los territorios críticos sigue siendo un gran desafío.
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