La Procuraduría General de la Nación inició una investigación formal contra Gustavo Alejandro Gallego Hernández, vicepresidente de Auditoría Corporativa de Empresas Públicas de Medellín (EPM), por presunto incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para ocupar este cargo directivo.
La investigación es adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valle de Aburrá, la cual verificará si el funcionario cuenta con la experiencia necesaria para desempeñar sus funciones conforme a lo establecido por la ley.
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El proceso de investigación surge a raíz de sospechas sobre una posible deficiencia en la experiencia laboral de Gallego Hernández, pues el cargo de vicepresidente de Auditoría Corporativa exige un mínimo de 52 meses de experiencia en áreas relacionadas con el control interno y la fiscalización. Sin embargo, la documentación presentada por Gallego sugiere que solo cuenta con aproximadamente 48 meses de experiencia.
“La Procuraduría está evaluando si esta situación vulnera los principios de moralidad pública y transparencia, los cuales son fundamentales en el ejercicio de cargos de alto nivel como este”, señaló el Ministerio Público. Además, se examinará si las conductas de Gallego podrían constituir una falta disciplinaria, lo que podría tener serias consecuencias para su permanencia en el cargo.
El marco legal que regula las competencias para cargos como el de vicepresidente de Auditoría Corporativa está claramente definido en el Decreto 989 del 9 de julio de 2020. Este decreto establece que para ocupar una posición en Control Interno, el candidato debe acreditar una experiencia mínima de 52 meses en funciones que incluyan tareas de fiscalización y control interno, y que estén alineadas con las responsabilidades del cargo en cuestión. Además, el decreto especifica que esta experiencia debe estar debidamente certificada y respaldada por documentos como certificados de estudios y de experiencia laboral previa.
En este contexto, una investigación hecha por IFMNoticias reveló la posible intervención irregular de Jhonatan Estiven Villada, vicepresidente de Asuntos Legales de EPM, en el proceso de selección de Gallego Hernández. Según fuentes consultadas el medio, Villada habría presionado para el nombramiento de Gallego, a pesar de que no cumplía con los requisitos legales establecidos.
“Villada intervino en el proceso que se estaba desarrollando al interior de la entidad a través de la vicepresidencia de Talento Humano, para forzar su nombramiento a sabiendas de que no se cumplían con los requisitos legales para ocupar el cargo”, reveló la fuente consultada por IFMNoticias.
Esta intervención, según se informa, incluyó intentos de justificar la experiencia de Gallego como personero y personero delegado, sumando así 16 meses de experiencia adicional. Sin embargo, las funciones de un personero están centradas en derechos humanos y no en control interno, por lo tanto, no deberían contar para este tipo de cargos.
En un principio, la oficina de Talento Humano de EPM habría emitido un concepto informando que Gallego no cumplía con los requerimientos establecidos, lo que debería haber impedido su nombramiento. A pesar de ello, según la investigación del medio citado, Villada y la administración de EPM, en particular bajo la dirección del alcalde Daniel Quintero Calle, habrían buscado certificar los requisitos a través de la Alcaldía de Medellín para asegurar el nombramiento de Gallego.
La Procuraduría General de la Nación informó que continuará con su investigación para determinar la validez de las acusaciones y si estas acciones constituyen una falta disciplinaria. Este caso pone de relieve la importancia de cumplir con los requisitos legales y la transparencia en los procesos de nombramiento en cargos públicos de alta responsabilidad.
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