
Familiares de una reclusa de la cárcel El Buen Pastor piden justicia por el fallecimiento de la joven, pues aseguran que el procedimiento por parte del Inpec y el centro de reclusión fue irregular y fuera del conocimiento de ellos.
Según la información que tiene la madre de la mujer de 23 años, es que ella habría caído del tercer piso del centro penitenciario el pasado 29 de julio, y luego de varios días de traslados entre diferentes cárceles, hospitales y falta de atención médica, perdió la vida el domingo 18 de agosto.
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Lilia Giovana, madre de Angelly Valentina Gómez, explicó en Citytv los hechos según le fueron informados por terceras personas.
“Mi hija primero estaba recluida en la Cárcel Distrital, fue traslada a El Buen Pastor, nunca nos avisaron, cae de un tercer piso estando en el Buen Pastor, por terceros nos enteramos que ella tuvo el accidente porque el Inpec nunca nos dijo nada. Estuvo nueve días en el hospital de los cuales no le prestaron los suficientes servicios médicos, a los nueve días me la trasladan nuevamente a la cárcel El Buen Pastor, vuelvo y me entero por terceros que mi hija está muy mal médicamente. En El Buen Pastor tampoco me le prestan la suficiente atención médica, allá es entubada, le hacen un coma inducido y el día de ayer falleció”. Su muerte se produjo el domingo 18 de agosto.

La progenitora de la joven afirmó que hasta el momento no ha tenido contacto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que cobija las cárceles en las que ella estuvo presente y por ende, no se ha realizado el respectivo acompañamiento a sus seres queridos.
En representación de Angelly, Lilia pide a las entidades correspondientes justicia, solicita que se le esclarezca todo lo ocurrido en más de 20 días que duró el procedimiento luego de los hechos. Manifiesta que la joven deja un hijo de seis años que merece conocer lo que ocurrió con su madre.

El pasado mes de febrero el Ministerio de Justicia declaró una crisis carcelaria en cientos de centros penitenciarios a los largo del territorio nacional con respecto a las múltiples denuncias por homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
“Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país; y a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios. Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia. El otro asunto está relacionado con la extorsión que se ha exacerbado con los hechos registrados recientemente en Tuluá e implica refuerzo de medidas para acabar con este delito”, señaló Néstor Iván Osuna Patiño, que en su momento se desempeñaba como ministro de Justicia y del Derecho.
Crisis que continúa latente, pues el pasado sábado 17 de agosto, un funcionario del Inpec fue víctima de un atentado en el municipio de Cartago en el departamento del Valle del Cauca. El hombre fue identificado como el dragoneante del Inpec, Miguel Paz, que recibió cuatro impactos de arma de fuego.

En la cuenta oficial de del Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, se repudiaron los hechos: “Hoy unidos como INPEC, rechazamos todos los hechos que tratan de enlodar el buen trabajo de los funcionarios que luchan contra el accionar criminal en el país, como es el atentado ocurrido contra el Dragoneante Miguel Paz, adscrito al ERON de Cartago”.
El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) Oscar Robayo, por medio de su cuenta de X explicó cómo ocurrieron los hechos e informó que un sicario interceptó a Paz y le disparó en repetidas oportunidades impactando en el tórax y en un brazo.
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