Dos funcionarias del Gobierno fueron citadas a responder por amenazas contra excombatientes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y a Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), para que declaren sobre las acciones del Gobierno frente a la amenaza de excombatientes de las extintas Farc que se han ido reincorporando a la vida civil.

Según informó el tribunal de paz, la citación, fijada para el 21 de agosto, responde a preocupaciones sobre la protección y las condiciones de vida de los excombatientes que han manifestado sentirse en riesgo, especialmente aquellos asentados en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Centro Poblado Óscar Mondragón en Miravalle, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

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En ese lugar, varios excombatientes se vieron forzados a desplazarse, truncando significativamente el proyecto de vida individual y colectivo que comenzaron a construir desde la firma del Acuerdo Final de Paz. La citación de la JEP es crucial para evaluar la implementación efectiva de lo pactado entre el Gobierno y el grupo armado en 2016.

El 19 de julio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización confirmó que aproximadamente 100 personas del Etcr Miravalle serán trasladadas temporalmente. “Los firmantes de paz serán reubicados de manera temporal durante 12 meses en un predio arrendado, mientras se logra la compra del predio definitivo por parte de la Agencia Nacional de Tierras, cuya adecuación estará en manos de la ARN”, explicó la ARN.

Según el Gobierno nacional, el traslado está programado para el 20 de agosto, como una medida necesaria debido a las amenazas recibidas contra la comunidad firmante de la paz luego de recibir panfletos donde los declaran “zona de conflicto”, en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados.

Para la JEP, proteger los derechos fundamentales de los comparecientes, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado.

De la misma manera, la JEP hizo un llamado especial al Gobierno nacional para que desarticule los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios. En este proceso, “la Jurisdicción reitera su compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto armado, con la seguridad jurídica de los firmantes de paz y con todo lo necesario para administrar y aplicar la justicia transicional restaurativa”.

Bajo el amparo de una medida cautelar colectiva adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en 2020, la JEP ordenó a las autoridades estatales diseñar e implementar un plan integral de seguridad en nuevas áreas de reincorporación de excombatientes de las Farc. A través de estas medidas de protección, se busca salvaguardar los derechos y la integridad de aquellas personas que han decidido abandonar las armas y reintegrarse a la vida civil.

Así mismo, tras escuchar a todas las instituciones con competencia para garantizar su seguridad, en diferentes audiencias desarrolladas en Bogotá, la Sección de Ausencia de Reconocimiento adoptó medidas cautelares de protección.

Según la JEP, las autoridades estatales enfrentan el reto de crear un entorno que no solo proteja físicamente a los firmantes del acuerdo, sino que también trabaje para acabar con la estigmatización y garantizar su completa reintegración en la sociedad colombiana. Este plan integral de seguridad, además de atender las amenazas inmediatas, debe centrarse en ofrecer oportunidades y apoyo constante a quienes han decidido seguir el camino de la paz.