En la tarde del lunes 12 de agosto de 2024, se conoció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado espera que la Fiscalía General de la Nación aclare el alcance del principio de oportunidad que se le fue otorgado al empresario Juan Carlos Cáceres Bayona.
Es menester acotar que Cáceres Bayona era dueño de la empresa Nuovo Security LLC y según la Fiscalía, junto a Emilio Tapia, habría estado al mando de todas las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS.
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Así lo dio a conocer la agencia a través de un comunicado en el que explicó que Cáceres Bayona es uno de los principales implicados en el entramado de corrupción de Centros Poblados, por lo que los abogados que están representando como víctima al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solicitaron al juez 76 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que pida aclaración a la Fiscalía sobre el “alcance del principio de oportunidad de Cáceres, por considerar que había aspectos que podrían generar confusión”.
En cuanto al principio de oportunidad, desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica explicaron que el juez le otorgó el beneficio a Cáceres Bayona a cambio del pago de 12.062 millones de pesos y de servir como testigo en contra de los otros tres implicados en el sonado caso de corrupción entre los que se encuentran: Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro.
“Sin embargo, la Agencia advirtió que Duque ya fue condenado por este caso a 52 meses de prisión, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación, razón por la que Cáceres Bayona ya no sería testigo en su contra”, se lee en el documento.
Otra duda que generó el principio de oportunidad a los abogados de la Agencia radica en que el acuerdo fijó que Cáceres Bayona deberá reintegrar 5.760 millones de pesos entre noviembre de 2025 y diciembre de 2027, pero para los representantes del Ministerio TIC esta parte “generó inquietud e incertidumbre por cuanto el proceso estaría suspendido hasta agosto de 2025, pero qué sucedería si para esta fecha Cáceres cumple con su deber de declarar y no reintegra la totalidad del dinero”.
En ese sentido, desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado agregaron que el juez del caso admitió parte de las consideraciones presentadas, por lo que decidió devolver el principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación para que el ente investigador presente un nuevo documento con los ajustes solicitados.
Acuerdos entre Fiscalía e implicados en Centros Poblados
En una serie de decisiones judiciales que se dieron a conocer el primero de agosto de 2024, la Fiscalía General de la Nación otorgó principios de oportunidad a Gabriel Alejandro Dumar Lora y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona dentro de las investigaciones de los casos de Odebrecht y Centro Poblados, con el fin de desentrañar redes de corrupción y agilizar los procesos judiciales.
Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, investigado por el delito de peculado por apropiación en el caso de Centro Poblados, obtuvo una suspensión parcial de la acción penal por un término de un año bajo la condición de su cooperación como testigo en las investigaciones en curso.
Cáceres Bayona se comprometió a restituir un total de 9.062 millones de pesos, correspondientes al anticipo del contrato 1043 de 2020, destinado a proveer internet a escuelas rurales. Hasta la fecha, ya ha reembolsado 3.302 millones de pesos, quedando un saldo pendiente de 5.760.427.303 pesos.
Por otro lado, Gabriel Alejandro Dumar Lora, vinculado al caso de Odebrecht, recibió el principio de oportunidad bajo la modalidad de renuncia a la acción penal con inmunidad parcial. Según la Fiscalía, Dumar Lora ha sido clave para el avance de la justicia, proporcionando declaraciones voluntarias que han permitido esclarecer hechos relacionados con la corrupción de Odebrecht y lograr la condena de otros implicados en el escándalo.
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