Mientras el Gobierno nacional finiquita detalles del nuevo proyecto de ley para reformar el sistema de salud en Colombia, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia entregó en la mañana del martes 13 de agosto un balance de lo que han significado los cambios que, hasta ahora, ha logrado ejecutar el presidente Gustavo Petro.
La congresista, que ha sido una de las fuertes opositoras al Gobierno, cuestionó al mandatario por sus declaraciones del 20 de julio durante la instalación del Congreso, en las que afirmó que la eliminación de las EPS como intermediarias en el sistema de salud estaba demostrando resultados positivos mediante el giro directo a clínicas y hospitales.
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Según comentó Valencia en su cuenta de X, la situación es diferente a lo expuesto por Petro: “Clínicas y hospitales evidencian que el giro directo NO ha resuelto la desfinanciación del sector”. Además, insistió en que las EPS intervenidas no han logrado pagar el 80 % del giro acordado, y algunas estarían utilizando el 80 % como un techo más que como una meta alcanzable. Según Valencia, existen también IPS que reciben prioridad en los pagos sobre otras.
Para Valencia, el problema fundamental del sector salud es la falta de liquidez. “El año pasado, el sector estaba desfinanciado en 10 billones. Con el giro directo no se solucionó el problema de que no hay suficiente dinero. Decían que eran las EPS las que pagaban a destiempo, y queda claro que pagaban tarde porque la plata no alcanza”, explicó, y añadió que, aunque el giro directo sea del 100 %, si el dinero no es suficiente, no puede haber pagos efectivos.
Las EPS, que deberían gastar el 90 % de la UPC recibida por cada colombiano en servicios de salud directos, están utilizando incluso su propio patrimonio para pagar a las IPS debido a la insuficiencia de fondos girados por el Estado. “El giro directo obliga a la Adress a pagar el 80 % del servicio prestado por la IPS. Sin embargo, como no hay plata, las EPS no están logrando girar el 80 % del valor del servicio y estarían priorizando algunas IPS sobre otras”, añadió Valencia.
Adicionalmente, Valencia denunció que las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud estarían proponiendo descuentos de servicios a cambio de que se les perdonaran hasta el 50 % de la cartera de años anteriores.
Según Valencia, la asfixia financiera también es resultado del no pago de presupuestos máximos por parte del Estado, lo que ha llevado a las EPS e IPS a una situación crítica. “El Gobierno nacional, en vez de resolver el problema dándole liquidez al sistema, optó por asfixiar las EPS hasta expropiarlas y marchitarlas”, declaró la senadora.
Añadió que, como consecuencia, tanto el sector privado como el público de clínicas y hospitales estarían cerrando servicios. “Esto se empeora si analizamos que antes la EPS debían pagar el 100% del servicio, aunque no fuera de una vez (directo). Algunas, por ejemplo, pagaban a 126 días. Ahora pagarían el 80% de una vez; pero el otro 20% no se sabe cuando lo cancelarían. ¿Giro directo, pero con el 20% castigado?”, cuestionó.
Este análisis surge en un contexto de preparación para la radicación en el Congreso del tercer proyecto de reforma a la salud del gobierno, cuyo borrador ya se está discutiendo con el presidente Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los gremios que reúnen a las promotoras.
Una de las propuestas que se mantiene en el proyecto de reforma es la creación de centros de atención primaria en salud (Caps), que serían instalaciones de carácter público, privado o mixto y que actuarían como el primer contacto de salud en el territorio con equipos especializados.
Por último, el gobierno insiste en transformar las EPS en centros de salud y vida, reestructurando así su papel dentro del sistema de salud del país.
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