Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo ha puesto en evidencia una preocupante situación en 22 de los 32 departamentos de Colombia, relacionada con la disposición final de residuos sólidos.
Este estudio de la Defensoría revela que en muchos casos, los rellenos sanitarios están a punto de agotar su capacidad, mientras que en otros, la disposición de residuos se realiza en botaderos a cielo abierto, lo que agrava aún más la crisis.
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Los departamentos con una situación especialmente crítica incluyen Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Arauca, Valle del Cauca y Vichada, donde los rellenos sanitarios están al borde del colapso.
A su vez, en departamentos como Chocó, Nariño, Magdalena, Sucre, Meta, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, La Guajira y Santander, la problemática se centra en la existencia de numerosos botaderos a cielo abierto, que son altamente perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud pública.
El informe destaca que una parte significativa de las toneladas anuales de residuos generados en el país se está depositando en sitios cuya vida útil ya ha vencido o está a punto de hacerlo.
Específicamente, se estima que el 4.23% de los residuos se encuentra en sitios que ya han superado su capacidad operativa, mientras que el 33.5% se destina a lugares con una vida útil que no supera los tres años. Este panorama es alarmante, ya que la falta de capacidad para gestionar los residuos podría derivar en serios problemas de salubridad y medioambientales.
Además, la Defensoría ha identificado la existencia de 79 botaderos a cielo abierto, que carecen de las medidas adecuadas de control y manejo ambiental. Estos lugares representan un peligro significativo para las comunidades circundantes, pues no solo contaminan el suelo y el agua, sino que también son focos de enfermedades y otros problemas de salud pública.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente a varias entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como a las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones.
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La Defensoría instó a estas instituciones a trabajar de manera coordinada para formular y ejecutar planes concretos que aborden de manera inmediata el manejo de la disposición de residuos sólidos en el país.
El estudio subraya la necesidad de adoptar acciones inmediatas para evitar un colapso en la gestión de residuos sólidos en Colombia. Sin una intervención oportuna, los riesgos tanto para la salud pública como para el medio ambiente podrían incrementarse de manera considerable.
Además, la falta de infraestructura adecuada para la disposición final de residuos podría llevar a una crisis sanitaria.
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