El Clan del Golfo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ha logrado expandir su influencia en el 75% del territorio colombiano, operando actualmente en 24 de los 32 departamentos del país. Así lo reveló un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que presentó una radiografía detallada de las actividades criminales de este grupo armado. Desde 2017, un notable 54% de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría fueron relacionadas con el Clan del Golfo, evidenciando el creciente dominio y la amenaza que representa para la seguridad nacional.
El crecimiento de la organización criminal es alarmante. Durante el período comprendido entre 2019 y 2024, este grupo pasó de tener presencia en 213 municipios a ocupar 392, lo que representa un incremento del 84%. Los departamentos donde su acción es más notoria incluyen Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cesar y Cundinamarca. La expansión del Clan del Golfo es especialmente significativa al norte del país, consolidando así su influencia en una vasta extensión del territorio colombiano.
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Cabe mencionar que, este grupo armado ha sido acusado de una amplia gama de delitos y violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Entre las conductas criminales más recurrentes están los desplazamientos forzados masivos, confinamientos de comunidades enteras, reclutamiento, uso y utilización de menores para actividades delictivas, masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, violencia sexual y restricciones a la movilidad de los habitantes.
Además, la dependencia señaló que el 92% de las alertas también resaltan las ganancias ilícitas provenientes principalmente del narcotráfico. Otras fuentes de financiamiento ilegal incluyen la minería ilegal, el contrabando y los préstamos usureros conocidos como ‘gota a gota’.
La publicación del informe sobre el accionar del Clan del Golfo coincide con la reciente decisión del Gobierno nacional de iniciar un diálogo con esta organización. El 8 de julio, el Estado emitió la resolución 257 de 2024, que establece la instalación de una mesa de negociación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta mesa tendrá el objetivo de abrir un camino para discutir la desmovilización y desmantelamiento de las actividades criminales del Clan del Golfo, a la vez que se analizará el futuro de las órdenes de captura contra sus cabecillas.
Es preciso acotar que el presidente Gustavo Petro ha abordado ocasiones pasadas el avance del Clan del Golfo y la amenaza que representa para las comunidades afectadas. En mayo, durante un discurso en Bojayá, Chocó, enfatizó que la fuerza pública debía enfrentar y frenar el crecimiento de esta organización criminal. “El Clan del Golfo tiene que dejar de extorsionar a la población, está creciendo y hay que actuar de inmediato”, indicó el mandatario, destacando que las instituciones militares no deben trabajar en connivencia con el crimen organizado.
Petro también resaltó que la lucha contra el Clan del Golfo no debe limitarse a acciones militares, sino que su gobierno tiene el deber de buscar mecanismos jurídicos y pacíficos que permitan el desmantelamiento total de esta organización. “El crimen tiene que ser destruido, o se somete, o se destruye. La fuerza pública tiene ese deber en lo que tiene que ver con la destrucción y nosotros tenemos el deber de abrir un camino jurídico y pacífico de desmantelamiento del crimen en la región”, afirmó el presidente.
Además, el tema cobró relevancia y urgencia dado el impacto social y económico que genera la violencia ejercida por el Clan del Golfo. En muchos de los municipios donde tienen presencia, las comunidades viven bajo constantes amenazas y con una movilidad limitada, lo que agrava la crisis humanitaria en estas zonas. Por ello, la Defensoría del Pueblo llamó al gobierno a “emprender acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado”.
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