Contratistas del Ministerio de Cultura denuncian demoras en el pago de sus honorarios: hay 900 afectados

El Ministerio de Cultura de Colombia enfrenta una crisis de pagos que ha generado incertidumbre y angustia entre sus 900 contratistas. La situación se desencadenó cuando una diapositiva, enviada por correo electrónico, comunicó a los trabajadores que el pago correspondiente a julio no se efectuaría en la fecha habitual. La notificación, lejos de ofrecer una solución concreta, generó una oleada de preocupaciones entre los afectados, quienes ahora enfrentan una situación económica precaria debido al retraso.

La comunicación oficial enviada el 26 de julio por la Secretaría General del Ministerio contenía un mensaje breve, pero cargado de implicaciones. El texto informaba que debido a “causas ajenas a nuestra voluntad”, el Ministerio aún no había recibido los recursos necesarios para el pago a contratistas y proveedores.

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Se prometió que se estaban realizando las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda para resolver el problema, pero la ausencia de un cronograma claro para el desembolso dejó a los contratistas en una situación de incertidumbre.

Para agravar la situación, hasta diez días después de la notificación, muchos de los contratistas seguían sin recibir sus pagos. En una conversación con El Colombiano, un contratista expresó su frustración, relatando cómo la noticia del retraso generó pánico, especialmente en aquellos que tienen compromisos financieros inminentes, como el pago de matrículas universitarias.

La controversia obligó al ministro de Cultura, Juan David Correa, a ofrecer explicaciones públicas. Según el ministro, el retraso en los pagos se debía a una demora en el desembolso del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda. Este PAC es esencial para el funcionamiento del ministerio, ya que garantiza los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones financieras.

Aunque los contratistas cuestionaron esta explicación, argumentaron que, independientemente del retraso en el PAC, cada contrato está respaldado por un Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, que asegura que los fondos están disponibles para cumplir con los compromisos. De acuerdo con la normativa del Consejo de Estado, los CDP garantizan que haya “apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos”.

El ministro Correa, en declaraciones a El Espectador, vinculó el problema presupuestal con recortes en los gastos de inversión aprobados por el presidente Gustavo Petro el 11 de junio. Correa también anunció su intención de proponer un fortalecimiento institucional para el Ministerio de Cultura, sugiriendo que se aumente el número de cargos de planta del ministerio para reducir la dependencia de contratistas y mejorar la gestión financiera.

El pasado 29 de julio, el ministro envió otro mensaje a los contratistas, en el que se disculpaba nuevamente y confirmaba que los pagos de julio también se verían retrasados. Aunque se prometió que los pagos se realizarían lo antes posible, la falta de una fecha concreta para la transferencia generó aún más descontento entre los afectados.

El ministro Correa vinculó la situación con un “cambio de cultura institucional” y explicó que los retrasos en los pagos son un problema histórico en Colombia. Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar las preocupaciones de los contratistas, quienes ahora se enfrentan a la incertidumbre sobre sus ingresos futuros y la posibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo la seguridad social.

Por otra parte, el retraso en el PAC también ha afectado a otras entidades gubernamentales, como Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esta entidad emitió un comunicado alertando sobre problemas financieros debido a la falta de transferencia de recursos para los meses de junio y julio.

La situación no solo ha comprometido el pago de contratos, sino que también ha impactado otras áreas operativas, generando un desafío significativo para la gestión de recursos y cumplimiento de compromisos contractuales.