El lunes 5 de agosto de 2024, se conoció que un juez ordenó encarcelar a 24 militares en relación con su presunta participación en una operación llevada a cabo en marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, que resultó en la muerte de once personas.
Los militares detenidos serán recluidos en un batallón y están siendo investigados por los delitos de homicidio en persona protegida e intento de homicidio.
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La hipótesis de la Fiscalía sugiere que la operación se realizó en medio de un bazar donde había presencia de hombres, mujeres y niños, una denuncia que coincide con lo señalado por organizaciones de derechos humanos y la comunidad local.
De acuerdo con la investigación, el operativo tenía como objetivo capturar a alias Bruno, líder narcotraficante del frente 48 del grupo Comandos de la Frontera, que presuntamente operaba en Putumayo; sin embargo, los militares no lograron su objetivo, ya que el delincuente, aparentemente, no se encontraba en el lugar.
El 29 de marzo de 2022, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista y el comandante del Batallón contra el Narcotráfico N°3, según el ente investigador, habrían dado la orden para desplegar una unidad táctica en las cercanías de Alto Remanso, pero, tras varias horas y con la certeza de que el delincuente no se encontraba en la zona, procedieron a atacar el caserío utilizando vestimenta no propia del Ejército Nacional.
Entre las víctimas de esa tarde se encuentran el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche; el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Divier Hernández; Ana María Sarrias; Brayan Santiago Pama, menor de 16 años; Rubén Darío Peña Scarpetta; Óscar Oliva Yela; Luis Alfonso Guerrero Martínez; Enuar Ojeda Sánchez; José Antonio Peña Otaya; Alexander Peña Muñoz y Jhon Jairo Silva Mutumbajoy; además, cinco personas resultaron heridas.
Por otro lado, hacen parte de la lista de militares implicados altos mandos como el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena y el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez. A ellos se suman otros militares identificados como los cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango; Wilson Andrés Santamaría Ramos; Cristian Pérez Galindo; Dairo José Arboleda Toro; Jhon Félix Badel Correa; Edinson Javier Esteban Aguiar; José Efraín Lectamo Yalanda; Santander Licona Ramos; Wilmer Mosquera Poscué; Luis Ángel Núñez Peña; Danilo Quintero Urrea; José Alexánder Villa Ciro; Fenancio Noé Anama Escobar; Maycol Mauricio Abril Hernández; Yeizon David Becerra Gutiérrez; Róbinson Beleño Herrera; Franky Fabián Hoyos Pérez; Jhon Freddy Hoyos Quiñónez; Carlos Alberto Perdomo Romero; Jeisson Rico Soto; y Yeison Andrade Rivera Holguín.
Es menester acotar que al reportar sobre la operación, el entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que se ejecutó dentro del respeto a todos los protocolos de uso de la fuerza y que tenía como blanco identificado a los líderes de la estructura 48 de la Segunda Marquetalia, alias Bruno y Managua. En ese momento, en entrevista con Noticias RCN, Zapateiro afirmó que el lugar donde se llevó a cabo la operación era un centro de acopio, donde se negoció base de coca, y que las once personas muertas eran miembros del grupo ilegal.
Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos y la comunidad han cuestionado la justificación de la operación, especialmente considerando la presencia de civiles en el lugar, dado que las acciones militares se registraron en un momento crítico en el contexto de la lucha contra el narcotráfico en Putumayo, una zona ampliamente afectada por la violencia y el tráfico ilegal de drogas.
En cuanto a las acciones legales y el proceso judicial, los militares estarán bajo custodia en un batallón militar mientras avanzan las investigaciones.
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