La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra funcionarios de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) por un presunto detrimento patrimonial estimado en aproximadamente $23 mil millones. El ente disciplinario está verificando denuncias difundidas en varios medios de comunicación que señalan serias irregularidades en el proyecto “Data Center Alma”.
Las denuncias apuntan a que el contrato bilateral suscrito para el proyecto presenta anomalías significativas en su planeación, construcción e implementación, lo que podría haber ocasionado una pérdida considerable de la inversión realizada.
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El Ministerio Público está centrado en esclarecer las presuntas deficiencias desde la concepción de los contratos, los cronogramas preestablecidos, el abandono de las obras civiles y la falta de controles efectivos por parte de los servidores públicos de ETB, entre otros aspectos. Para ello, la entidad ha ordenado la recolección de pruebas pertinentes que permitan conocer a fondo las acciones y omisiones que están siendo objeto de investigación.
Esta medida busca garantizar la transparencia y la adecuada gestión de los recursos públicos, asegurando que los responsables de cualquier irregularidad sean debidamente sancionados.
Contraloría destapó desfalco de $43.000 millones en Emcali
Las investigaciones llevadas a cabo por la Contraloría en Emcali revelaron un conjunto de irregularidades en el área de Cartera y Recaudo que superan los 43.000 millones de pesos. Un análisis exhaustivo publicado en la última semana de julio evidenció diversas anomalías, tales como cuentas no cobradas a los usuarios, prescripción de deudas de suscriptores morosos y descuentos en intereses sin razones justificadas.
El Contralor de Santiago de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, señaló: “Encontramos serias anomalías en la administración de los recursos públicos, detectamos situaciones irregulares de orden administrativo y legal en el manejo de esta cartera, la cual finalmente arrojó una pérdida significativa de recursos al interior de la entidad y por eso, siete de los procesos pasan a la dirección operativa de responsabilidad fiscal para poder recuperar ese dinero”.
La investigación pone de manifiesto la falta de medidas y acciones preventivas para evitar este detrimento patrimonial, que alcanzó la suma de más de $43.000 millones. Según Ordóñez, “hubo manejo inadecuado de la cartera y no cumplieron con los requisitos de ley para sanear la cartera, es decir, no lograron identificar las figuras jurídicas por las cuales estaban desapareciendo contablemente las cifras de las deudas, además, se emitieron resoluciones que carecían de detalles importantes como, análisis financiero e identificación de los deudores”.
La gravedad de estos hallazgos obligó a la Contraloría a trasladar la información a la Procuraduría y la Fiscalía, con el fin de que se tomen las medidas penales y disciplinarias pertinentes. Los documentos enviados detallan todas las incidencias que podrían tener implicaciones judiciales.
La dirección operativa de responsabilidad fiscal tiene el desafío de recuperar los fondos perdidos y exigir la rendición de cuentas a los responsables. Este caso señala la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, asegurando que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros desfalcos y mejorar la eficiencia administrativa de Emcali.
El contralor distrital, Pedro Antonio Ordóñez, señaló que el área de Telecomunicaciones representa la mayor preocupación financiera para Emcali. “En la vigencia 2023, el componente de Telecomunicaciones arrojó una pérdida operacional por más de 301.000 millones de pesos. Esto es riesgoso porque no solo se presentó la pérdida de recursos en el año anterior, sino que en las vigencias previas también se presentó la misma situación”, aseguró Ordóñez.
Entre los hallazgos más significativos se encuentra la contratación de un “tablero empresarial” por un valor de 3.000 millones de pesos. Este software digital, destinado a identificar oportunidades o riesgos financieros para la gerencia general, nunca entró en funcionamiento. Además, se evidenció la adición de recursos al contrato por motivos que no se alinean con el objetivo original, lo cual plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso.
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