La Corte Constitucional de Colombia emitió una importante resolución respecto a la seguridad de los excombatientes en el país, destacando la persistencia de riesgos extremos y amenazas mortales contra esta población. Según la Sala Especial de Seguimiento de la Corte ha documentado las afectaciones sufridas entre el 23 de agosto de 2023 y el 19 de julio de 2024 en las regiones noroccidental y suroccidental de Colombia.
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Noroccidente y suroccidente de Colombia, en particular, han sido identificados como zonas de alto riesgo para los excombatientes, que enfrentan amenazas severas, homicidios y atentados que los han llevado a considerar el abandono de sus territorios, proyectos productivos y formas de sustento. El alto tribunal ha sido enfático en asegurar que los crímenes cometidos contra esta población ya han sido debidamente registrados y remitidos a las autoridades competentes.
El reporte de la Corte Constitucional habla de la necesidad urgente de un funcionamiento integral y coordinado de los planes de seguridad pública para proteger a los excombatientes. En respuesta a las graves preocupaciones, la Corte ha ordenado al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Comando General de las Fuerzas Militares a tomar acciones concretas para garantizar la seguridad y prevenir la victimización de los excombatientes.
La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía también recibió instrucciones para acelerar las investigaciones y judicializaciones de los crímenes cometidos contra los excombatientes. Esta medida busca brindar justicia y reducir la sensación de impunidad que podría estar exacerbando la inseguridad en las áreas afectadas.
Adicionalmente, la Unidad Nacional de Protección ha sido mandatada a reevaluar el riesgo en las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva, con la finalidad de implementar medidas de seguridad adecuadas que respondan a la realidad de los riesgos actuales.
La decisión de la Corte viene en un contexto de creciente violencia contra excombatientes, que ha sido una constante preocupación desde la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Diversos informes y análisis de parte de Defensoría del Pueblo han resaltado que estos individuos, que buscan reintegrarse a la sociedad de manera pacífica, enfrentan amenazas de actores armados ilegales y bandas criminales que ven en ellos objetivos vulnerables.
Para ofrecer un contexto más amplio, se trae a colación que el acuerdo de paz firmado en 2016 tenía entre sus ejes principales la reincorporación social, económica y política de los excombatientes. Sin embargo, según han señalado organismos internacionales y expertos en seguridad, la implementación de estos acuerdos se ha visto obstaculizada por la violencia persistente en varias regiones del país.
Por su parte, instituciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado repetidamente su preocupación por los niveles de violencia que enfrentan los excombatientes y han instado al Gobierno colombiano a tomar medidas más contundentes para proteger a esta población vulnerable.
El informe de la Corte Constitucional también hace eco de estas preocupaciones y añade un llamado a las autoridades para que prioricen la protección de los excombatientes como un asunto de derechos humanos y de estabilidad para el país. En particular, se ha hecho hincapié en la importancia de garantizar que los excombatientes puedan llevar a cabo sus proyectos productivos sin temor a represalias o ataques.
Asesinatos a excombatientes
Según la Misión de Verificación de la ONU, al menos 355 excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz con el gobierno en noviembre de 2016. Estos asesinatos representan una grave amenaza para la consolidación de la paz y la reintegración de los exguerrilleros a la vida civil.
Informe Trimestral de la ONU en 2021 reveló que 292 excombatientes de las Farc habían sido asesinados después de dejar las armas. Además, los observadores internacionales han verificado al menos 150 agresiones contra excombatientes desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Estas incluyen 123 asesinatos, 10 desapariciones y 17 intentos de homicidio.
Con la medida de la Corte está claro que buscan la protección de los excombatientes, sin embargo, queda claro que aún hay desafíos significativos en la implementación completa del acuerdo de paz.
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