La Unidad Nacional de Protección (UNP) expresó su inconformidad con la decisión del juez 53 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, quien resolvió otorgar la libertad a Ronald Rodríguez Rozo el 22 de julio de 2024, alegando vencimiento de términos en el proceso judicial.
La UNP sostiene que el juez aplicó la ley, “de manera indebida” y subraya que existen suficientes elementos legales que demuestran la vinculación de Rodríguez Rozo con una estructura delictiva organizada dedicada al tráfico de estupefacientes, definida como Grupo Delictivo Organizado (GDO) por la Ley 1908 de 2018.
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En este caso, la Fiscalía General de la Nación tuvo en su poder declaraciones y pruebas proporcionadas por Manuel Antonio Castañeda Bernal, alias el Nacochofer, que colaboró con la justicia y fue capturado el 10 de diciembre de 2022 en Totoró (Cauca) mientras transportaba 168 kilogramos de cocaína en un vehículo de la entidad.
La UNP también recordó que Rodríguez Rozo, en su cargo previo como subdirector de Protección, utilizó varios vehículos de la entidad para actividades delictivas y señaló que el 10 de agosto de 2022, Castañeda transportó 1,000 kilogramos de marihuana entre La Plata (Huila) y Versalles (Caquetá) en un vehículo proporcionado por el exfuncionario. Adicionalmente, entre el 5 y el 6 de octubre de 2022, Castañeda movilizó 75 cajas de marihuana de Villavicencio a Puerto Gaitán (Meta), usando otro vehículo de la UNP suministrado por Rodríguez Rozo.
En otro incidente, ocurrido el 7 de diciembre de 2022, Castañeda Bernal transportó 210 kilogramos (463 lbs) de cocaína entre La Plata y Puerto Gaitán, nuevamente en un vehículo de la UNP facilitado por Rodríguez Rozo, quien estaba plenamente consciente del uso ilícito del automotor. Estas acciones delictivas están documentadas y forman parte de las pruebas presentadas ante la administración de justicia.
Según la UNP, la acusación y el diligenciamiento judicial revelaron que Castañeda Bernal accedió más de seis veces a las instalaciones de la UNP durante el periodo en que Rodríguez Rozo era subdirector, con el propósito expreso de entregar dinero procedente del tráfico de estupefacientes y coordinar nuevos transportes de sustancias ilícitas.
Ante los mencionados hechos, la UNP manifestó que, “la administración de justicia contaba y cuenta con los elementos legales y de juicio que con suficiencia demuestran que el señor Rodríguez Rozo hace parte de una estructura de delincuencia organizada dedicada al tráfico de estupefacientes”.
La crítica se centra en que el Juez 53 Penal Municipal de Bogotá aplicó incorrectamente la ley, permitiendo que Rodríguez Rozo obtuviera su libertad prematuramente, pues la entidad señaló que las imputaciones de la Fiscalía 53 especializada contra el narcotráfico de Popayán y la Fiscalía 13 de Bogotá incluyen testimonios que corroboran estos accesos y actividades delictivas.
Las investigaciones apuntan que Rodríguez Rozo no solo facilitó vehículos de la UNP para el transporte de drogas, sino que también habría recibido grandes sumas de dinero provenientes de dichas actividades ilícitas. Se trataría de más de $200 millones, los cuales fueron entregados directamente por Castañeda Bernal en varias ocasiones en las que entraba a la UNP.
El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito judicial y en la opinión pública. La liberación de Rodríguez Rozo pone en evidencia las tensiones y controversias en torno a la administración de justicia y la lucha contra el narcotráfico en Colombia. La UNP enfatizó que la decisión del juez va en contra de los esfuerzos del Estado por desmantelar las organizaciones criminales que operan en el país.
Bogotá, Cauca, Huila, Caquetá, Meta, Villavicencio, y Puerto Gaitán son algunas de las regiones implicadas en este caso de transporte ilícito de estupefacientes. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles y las responsabilidades legales correspondientes.
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