Uno de los escándalos de corrupción de los últimos tiempos en Colombia tiene como protagonista a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que enfrenta acusaciones relacionadas con la transferencia de fondos destinados inicialmente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La Dian perdió $200.000 millones, que fueron redirigidos a la Ungrd en un aparente esquema para asegurar el apoyo de congresistas a reformas presupuestarias. Este caso surgió durante una reunión del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, en diciembre de 2023, cuando el entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, alertó sobre prácticas corruptas, denominadas “mermelada” para asegurar la aprobación de iniciativas clave.
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Según Reyes, durante la ampliación presupuestal de 2023, se asignaron inicialmente $300.000 millones a la Dian para contratar personal clave en la lucha contra la evasión fiscal, pero estos fondos fueron despojados tras una proposición en el Congreso.
Un grupo de congresistas, encabezados por el senador Juan Diego Echavarría Sánchez, propuso una importante reestructuración en la asignación presupuestaria durante los debates sobre la adición presupuestal llevados a cabo a principios de julio del año anterior. La propuesta, surgida en las Comisiones Terceras del Congreso, consistía en reasignar los 200.000 millones de pesos de la Dian a la Ungrd.
La premisa de este cambio era que la Ungrd, por su función de manejo de recursos destinados a eventos de desastre y ayuda humanitaria, quedaba exenta de las restricciones impuestas por la Ley de Garantías. Esta ley estaba en vigor debido a las elecciones de alcaldes y gobernadores que se llevaron a cabo en octubre del año pasado.
Así le quitaron $200.000 millones a la Dian para dárselos a la Ungrd
Este ajuste financiero fue una decisión estratégica, considerando que las limitaciones presupuestarias establecidas por la Ley de Garantías afectaban la mayoría de las entidades gubernamentales, pero no a la Ungrd, lo que permitía una mayor flexibilidad en la gestión de recursos.
La propuesta fue respaldada con las firmas del senador Echavarría y otros parlamentarios, como se evidencia en el documento difundido. Es preciso mencionar que las proposiciones económicas requirieren el aval del Gobierno, representado en este contexto por el Ministerio de Hacienda para que sea aprobada.
La decisión afectó significativamente a la Dian, que vio demoradas sus acciones para ampliar la planta de personal necesaria para combatir la evasión fiscal. Aunque eventualmente recibió fondos desde otras fuentes, la interferencia legislativa complicó sus operaciones en un momento crítico, siendo un problema que afecta tanto los ingresos públicos como la equidad entre contribuyentes.
El escándalo se agudizó cuando Reyes puso de manifiesto las presiones políticas para repartir cargos y controlar áreas clave dentro de la Dian, como en las aduanas de Barranquilla, Cartagena y Buenaventura.
Este episodio salió a la luz después de que se reubicaran 10.200 cargos originalmente destinados a la Ungrd, lo cual ha sido calificado por algunos como un “botín burocrático”.
La negativa de la entidad a ceder a estas presiones llevó a la Dian a estar en el centro de la polémica y contribuyó a cuestionar la eficacia de la administración de Reyes en términos de recaudo fiscal, lo que coincidió con una necesaria reducción de 20 billones de pesos en el presupuesto del gobierno.
A pesar de las críticas, fuentes internas de la Dian indicaron que el recaudo de 2023 fue, en realidad, uno de los más elevados tanto en términos nominales como relativos al Producto Interno Bruto (PIB), según datos no oficiales.
La tensión dentro del Gobierno, especialmente entre el Ministerio de Hacienda y la Dirección de la Dian, se intensificó debido a discrepancias sobre las proyecciones de ingresos tributarios, que la Dian habría cuestionado pero eventualmente aceptado para evitar la percepción de una división interna gubernamental.
La investigación gira ahora en torno a la posible asignación de cargos a miembros del Congreso a cambio de favores políticos, una práctica que ha sido usual históricamente. Se destaca que algunos de los parlamentarios condenados por corrupción en el pasado formaron parte de las comisiones económicas del Congreso, que suelen ser las más codiciadas al momento de su conformación.
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