El futuro judicial del coronel Carlos Feria, investigado por presunta aplicación irregular de una prueba de polígrafo a la exempleada Marelbys Meza, dio un giro al quedar en manos de la Corte Constitucional.
La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Bogotá al estudiar un recurso que pedía la nulidad del caso. Este organismo decidió que antes de seguir con cualquier veredicto, debe ser la Corte Constitucional la que defina la jurisdicción competente para conducir la investigación contra el oficial.
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El 19 de junio, durante la audiencia de acusación al coronel Feria y otros supuestos implicados, los abogados defensores presentaron varias solicitudes. Argumentaron la falta de competencia de la jueza que adelantaba el asunto y solicitaron la nulidad del proceso.
La jueza rechazó estas peticiones y no permitió la interposición de recursos, lo que llevó al equipo jurídico a presentar un recurso de queja. “Es claro que la juez de primera instancia erró al continuar con el desarrollo de la audiencia”, indicó el Tribunal en su resolución.
El caso se remonta al robo de una suma de dinero en la residencia de Laura Sarabia que para ese entonces se desempeñaba como jefa de gabinete. Según la Fiscalía, el coronel Feria, al enterarse del incidente, ordenó diversas medidas para ubicar el monto desaparecido.
“Feria destinó recursos estatales para resolver lo que consideró un hecho ‘meramente doméstico’”, señaló la Fiscalía, indicando que en su búsqueda se incluyó la aplicación de un polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Sarabia.
En la audiencia del 19 de junio se presentaron varios recursos cuestionando la competencia de la jueza para llevar adelante el caso. Pese a esto, las solicitudes fueron desestimadas sin posibilidad de apelación, lo que llevó al equipo de la defensa a plantear un recurso de queja.
Fue entonces cuando el Tribunal Superior de Bogotá intervino, decidiendo esperar a que la Corte Constitucional delimite el conflicto de jurisdicciones.
La investigación a Feria señaló que el oficial no solo ordenó aplicar el polígrafo, sino que también facilitó un vehículo oficial para trasladar a Meza desde su casa hasta la sala de polígrafo de la Casa de Nariño. La Fiscalía ha sostenido que estas acciones fueron realizadas de manera irregular, lo que complica aún más la situación legal del coronel.
Las decisiones del Tribunal apuntan a que aún no está claro si la investigación debe ser llevada por la justicia ordinaria o la justicia penal militar. Ambas jurisdicciones han mostrado interés en asumir el caso, lo que plantea un conflicto que necesita ser resuelto por la Corte Constitucional.
“En ese orden de ideas, es claro que ya se trabó un conflicto de jurisdicciones entre la ordinaria y la penal militar, pues en ambas, dos autoridades judiciales diferentes han reclamado la competencia del asunto en cuestión; por tanto, no es dable, como se explicó líneas atrás, continuar con un trámite sin que sea definido por parte de la autoridad competente quién es el juez natural”, dice el fallo del Tribunal.
“La competencia de la justicia ordinaria está en cuestión y esto inhabilita a las autoridades para continuar con la actuación”, resaltó el Tribunal Superior de Bogotá, concluyendo que primero se debe resolver el conflicto de jurisdicciones antes de cualquier avance judicial.
La situación alrededor del coronel Feria y Marelbys Meza continúa generando interrogantes y controversias. La decisión final de la Corte Constitucional será crucial para determinar el curso de la investigación y las implicaciones legales para todas las partes involucradas. Este retraso en el proceso destaca la complejidad y la sensibilidad del caso, que involucra no solo aspectos legales, sino también el uso de recursos estatales en asuntos catalogados como domésticos.
El uso del polígrafo, una herramienta controversial en investigaciones, y las posibles irregularidades en su aplicación en este caso, plantean serias dudas sobre los procedimientos seguidos y las responsabilidades de quienes los ordenaron. La resolución de la Corte Constitucional será determinante para clarificar estos aspectos y definir el ámbito judicial que debe abordar las acusaciones.
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