Durante el primer semestre de 2024, el departamento de Arauca registró 73 casos de desapariciones forzadas, según datos de la Defensoría del Pueblo. Esta cifra representa un aumento de 38 casos en comparación con el mismo periodo del 2023, atribuido al recrudecimiento del conflicto armado en la región.
La Defensoría del Pueblo atribuyó este incremento al conflicto territorial entre el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el ELN, lo cual ha intensificado la violencia y generado consecuencias graves para la población civil. La institución enfatiza que este delito constituye un crimen de lesa humanidad, por lo que solicitó a los grupos armados que abandonen estas prácticas.
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“El Comando Conjunto de Oriente y el Frente de Guerra Oriental, como llamado de la Defensoría del Pueblo, deben ponerle fin a tan violenta práctica, la cual subyuga a la población civil, produce terror y causa sufrimiento a las familias de los afectados y la sociedad en general, además de que es constitutiva de vulneraciones a los derechos a la libertad, la seguridad, la vida, entre otros”, sentenció la entidad mediante un comunicado oficial.
La situación es tan crítica que en 2023, la Defensoría reportó la desaparición de 113 personas en Arauca, de las cuales 37 todavía no han sido localizadas. En 2024, la situación sigue siendo alarmante con 29 personas desaparecidas. Uno de los casos más recientes es el secuestro de Uriel Parales, un ganadero de 64 años del municipio de Cravo Norte, ocurrido el 6 de mayo de 2024; hasta la fecha no se tiene información alguna de su paradero. En resumidas cuentas, en el último año y medio no se sabe nada de 66 personas.
Sometimiento a “juicios”
La Defensoría también señaló que las personas desaparecidas son generalmente secuestradas y sometidas a “juicios” por parte de grupos armados, donde son interrogadas y, en muchos casos, sometidas a torturas y castigos. Según los datos recopilados por la entidad, los secuestradores intentan determinar si los capturados están vinculados con bandos armados rivales o colaboran con ellos. Dicha práctica conllevó a la aparición de un subregistro significativo de desapariciones, ya que muchos familiares de las víctimas temen denunciar estos casos por represalias.
La institución resaltó que las motivaciones para estas retenciones pueden ser tanto políticas como económicas, incluyendo la extorsión. Igualmente, mencionó que tienen conocimiento de que los familiares de las víctimas, en algunos casos, se arriesgan a hacer acercamientos en privado, con tal de tener información de sus seres queridos y lograr su regreso a casa, sanos y salvos, lo que supone un riesgo más.
La situación en Arauca ha llegado a un punto crítico, con las comunidades locales enfrentando serias violaciones de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo calificó estas acciones como crímenes de lesa humanidad cuando se realizan de manera sistemática. “La desaparición forzada, como práctica atroz en el desarrollo del conflicto armado, además de que se constituye en una evidente violación a los derechos humanos, se convierte en crimen de lesa humanidad cuando es cometida de manera generalizada o pasa a ser una práctica sistemática, como está sucediendo en Arauca”, indicó la Defensoría.
El llamado es urgente al Estado colombiano para que preste atención a lo que está sucediendo en esta región y tome medidas efectivas para proteger a los ciudadanos. En respuesta a la situación, diversas organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos instaron al Gobierno a implementar estrategias específicas para prevenir más secuestros y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas.
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