El Congreso de la República ha venido implementando y ejecutando diversas políticas para limitar el consumo de la denominada comida chatarra, incluyendo la aprobación de leyes como los sellos de advertencia y los impuestos saludables. Sin embargo, el proceso encontró algunos tropiezos y desafíos que cuestionan su eficacia y equidad.
Recientemente, la Corte Constitucional aceptó una demanda que solicita que algunos productos de origen vegetal también queden exentos del denominado impuesto saludable.
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La senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, levantó su voz sobre este asunto. “Esta medida no solo discrimina a quienes por razones éticas, de salud, filosóficas o de otra índole elegimos alimentarnos a base de productos de origen vegetal”, dijo Padilla, añadiendo que también “impacta negativamente al 5% de los colombianos que se considera mayormente o principalmente vegano o vegetariano”.
En paralelo, se generaron algunos debates en torno a la ley que regula los sellos de advertencia de comestibles ultraprocesados. Los autores del proyecto señalaron que algunos productos estarían incrementando deliberadamente el porcentaje de calorías provenientes de grasas para esquivar la normativa.
“La buena noticia es que no tenemos que volver al Congreso para corregir esto. Simplemente, el decreto reglamentario de la ley emitido por el Ministerio de Salud les puede poner el sello de alto en calorías”, comentó el exrepresentante de la Alianza Verde y autor de la ley de comida chatarra, Mauricio Toro, refiriéndose a cómo podría solucionarse el problema sin necesitar reformas legislativas.
Estas normativas fueron diseñadas con el objetivo de fomentar buenos hábitos alimenticios entre la población y disminuir el consumo de productos con altos niveles de azúcar, grasas y sodio.
Sin embargo, la controversia surgió debido a las lagunas que permiten manipular los componentes nutricionales para evitar los sellos de advertencia.
Por ejemplo, productos como el salchichón, la mortadela, las carnes de vaca, pollo, cerdo y pescado, así como los quesos y la leche, están exentos del impuesto saludable, lo cual, según Padilla, debería aplicarse también a alternativas vegetales equivalentes.
La solicitud ante la Corte Constitucional busca abordar esta aparente inconsistencia y asegurar un trato equitativo para todos los tipos de alimentos.
La situación es compleja y revela las dificultades para implementar una política de salud pública tan ambiciosa. Los debates en el Congreso y las demandas legales ante la Corte Constitucional son indicativos de los múltiples intereses y percepciones sobre la regulación de la comida chatarra y los impuestos saludables. El objetivo de estas leyes es claro: incentivar la adopción de hábitos de vida saludables.
Sin embargo, la ejecución de estas políticas enfrenta desafíos significativos y requiere ajustes para ser realmente efectiva.
Colombia está en un proceso activo de regulación del consumo de productos nocivos para la salud, pero la efectividad y equidad de estas regulaciones están aún en debate y desarrollo.
Impuesto saludable en Colombia entró en vigor para bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados
Desde el 1 de noviembre de 2023, comenzó a implementarse en Colombia el nuevo impuesto saludable a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Este impuesto es una de las medidas más discutidas de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, aprobada por el Congreso colombiano en noviembre de 2022.
El objetivo principal de este impuesto saludable es combatir problemas de salud pública como la obesidad, la diabetes y la caries dental, según indicó en noviembre de 2022 el entonces presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. La Corte Constitucional dio el visto bueno al artículo 54 de la reforma tributaria el pasado 25 de octubre, despejando el último obstáculo para la implementación del impuesto.
En cuanto a las bebidas azucaradas, la tarifa varía según el contenido de azúcar. Las bebidas con menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 ml están exentas del impuesto. Aquellas con entre 6 y 9.99 gramos pagarán 18 pesos colombianos por cada 100 ml en 2023, una cifra que aumentará a 28 pesos en 2024 y a 38 pesos en 2025. Para las que contienen 10 gramos o más de azúcar, la tarifa es de 35 pesos por cada 100 ml en 2023, subiendo a 55 pesos en 2024 y a 65 pesos en 2025.
Este impuesto se aplica a una variedad de bebidas, incluyendo refrescos, bebidas gaseosas, bebidas a base de malta, jugos, néctares, bebidas energizantes y aguas saborizadas, entre otras. Quedan exentas las fórmulas infantiles, medicamentos con azúcares añadidos y productos diseñados para terapias nutricionales específicas.
En el caso de los alimentos ultraprocesados, estarán sujetos al impuesto aquellos que superen ciertos niveles de sodio, azúcar y grasas saturadas. La tarifa del 10% en 2023 aumentará a 15% en 2024 y llegará al 20% en 2025.
Entre los productos que entran en esta categoría destacan embutidos, chocolates, confitería, mezclas para panadería, cereales inflados, condimentos y helados. Un ejemplo práctico es un paquete de salchichas de 450 gramos, cuyo precio se incrementará de 11.350 pesos colombianos antes del impuesto a 12.485 pesos en 2023, 13.052 pesos en 2024 y 13.620 pesos en 2025.
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