
El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentaría después del 20 de julio de 2024 ante el Congreso de la República una nueva reforma al sistema de salud.
En la segunda semana del mes de mayo, el mandatario colombiano afirmó en Manizales que la nueva propuesta tendría un “mensaje de urgencia”, con el fin de que esta se aprobara antes de que el periodo legislativo actual llegue a su fin.
En los detalles que se han ido conociendo sobre el nuevo auto, se supo que en su artículo 22, la nueva iniciativa prevé eliminación de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) tal como funcionan actualmente y su transformación en Gestoras de Salud y Vida (Esgvi) en un plazo de dos años.
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Según el documento, que fue publicado por Blu Radio, en el artículo 22 que tiene al menos 7 puntos, “este cambio busca mejorar la gestión del riesgo en salud y la coordinación con las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud (Riitss)”. Las nuevas gestoras deberán cumplir con condiciones estrictas de habilitación y operar bajo un modelo que priorice la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios.

Los recursos irían al Estado como único pagador
Uno de los aspectos relevantes de la reforma es la obligatoriedad de cotizaciones al sistema de salud para personas jurídicas y naturales con ingresos. Para eso, la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) sería la encargada de recaudar, administrar y controlar estos fondos. Esto implica que los recursos pasarán al manejo del Estado como único pagador, enfocado en la atención primaria.
Reza el punto uno que estas EPS deberán “colaborar con la organización de los Centros de Atención Primaria en Salud conforme a la organización de las redes integrales e integrada de servicios de salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que serán financiados por la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres)”.

La propuesta también incluye disposiciones para el personal de salud. Entre ellas, se contempla la creación de becas de matrícula para formación pregradual y posgradual, así como un régimen laboral específico para las instituciones de salud del Estado. Dichas medidas buscan fortalecer tanto la formación como el bienestar de los trabajadores de la salud, elementos considerados esenciales para el buen funcionamiento del sistema, según comunicó el medio radial.
Adicionalmente, la Superintendencia Nacional de Salud verá ampliadas sus competencias, para lograr incorporar funciones jurisdiccionales y de conciliación que garantizarían una vigilancia y control más rigurosos del sistema de salud. Asimismo, se establecerán medidas específicas para la liquidación judicial de entidades del sector salud.
Es relevante recordar que en abril de este año, la reforma de salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro fue archivada en la Comisión Séptima del Senado debido a una votación en la que nueve congresistas apoyaron la ponencia para archivar la iniciativa y cinco congresistas votaron en contra. Tal resultado representó una significativa derrota legislativa para el presidente Petro, quien había invertido gran parte de su capital político en esta iniciativa.
Organizaciones médicas tendrían una nueva propuesta
21 organizaciones médicas y de profesionales de la salud presentarán el 20 de julio una nueva propuesta de reforma del sistema de salud en Colombia, a través de una serie de “Acuerdos Fundamentales”, como informó El Tiempo. Este proyecto se basa en principios clave, como la Atención Primaria en Salud, y cumple con la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015.

La iniciativa reorganizaría el sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud y sugiere que los servicios de salud sean dirigidos y regulados por el Estado, involucrando entidades públicas, privadas y mixtas.
El borrador de sesenta páginas aborda temas esenciales como el funcionamiento del Consejo Nacional de Salud, la definición del modelo de Atención Primaria, el Plan de Beneficios en Salud, y la gestión de recursos financieros del sistema, enfocándose en temas como el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la política farmacéutica.
También se incluye la organización del régimen laboral en el sector salud, la autonomía profesional y la política de formación y educación superior para los actores del sistema.
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