La Corte Suprema de Justicia dejó en firme fallo del Tribunal Superior de Bogotá que, en el marco del incidente de reparación integral, condenó al ingeniero y excontratista Federico Gaviria al pago de daños materiales causados a la Secretaría de Salud de la ciudad, por el entramado de corrupción conocido como el ‘carrusel de las ambulancias’.
Gaviria, que fue condenado a dos años y siete meses de prisión, más una multa de $13.000 millones para reparar al distrito, buscó tumbar la sanción económica impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que ha colaborado eficientemente con las autoridades, lo que ha llevado a judicializar y condenar a otros implicados en el caso de corrupción.
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Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia volvió a fallar y negó su solicitud, ratificando a multa a pagar al distrito: “La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve no casar la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 5 de agosto de 2019 y devolver el expediente al Tribunal de origen”, se lee en el fallo.
Según la Fiscalía, Federico Gaviria proporcionó más de $6.700 millones de pesos a Héctor Zambrano Rodríguez, que en su momento era secretario de Salud de Bogotá, y al concejal Hipólito Moreno, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos para la compra de ambulancias a la empresa Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá.
Por estos hechos, en septiembre de 2013, el excontratista aceptó los cargos y fue condenado por cohecho por dar y ofrecer que le imputó la Fiscalía. No obstante, en 2019, el Tribunal Superior de Bogotá estableció una multa de $13.474 millones que se convirtieron en la fianza para su libertad.
También fue condenado por el caso Odebrecht
Federico Gaviria también fue condenado en abril de 2021 a una pena de seis años de cárcel, luego de que aceptara su responsabilidad en la adjudicación de contratos para proyectos viales en el norte del país en beneficio de la empresa brasileña Odebrecht, en el conocido caso de la Ruta del Sol II. Los cargos imputados incluyeron concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particular.
Además, fue sancionado con una multa de 11,586 salarios mínimos y una inhabilitación intemporal para ocupar cargos de elección popular. No obstante, recibió libertad condicional por redención de la pena; y como parte del proceso de reparación, entregó un inmueble denominado hacienda El Porvenir, ubicado en el municipio de Cáceres (Antioquia), el cual fue destinado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La Fiscalía General de la Nación presentó evidencias contundentes al juez que confirmaban la participación de Gaviria y Eduardo Zambrano en una empresa criminal en concertación con funcionarios y directivos de Odebrecht para asegurar la adjudicación de obras civiles. Según la Fiscalía: “Quedó demostrado que los sentenciados participaron en la celebración de una serie de contratos simulados o ficticios”.
Por su parte, Zambrano Caicedo fue condenado a cinco años y once meses de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares, con una multa de 598 salarios mínimos y la misma inhabilitación para cargos de elección popular que Gaviria. A diferencia de este último, no recibió libertad condicional y se ordenó su traslado inmediato a un centro penitenciario.
Cabe destacar que, la trama de corrupción de Odebrecht es una de las mayores de la historia reciente en América Latina que involucra a esta compañía brasileña en una extensa red de sobornos. Odebrecht admitió haber pagado cientos de millones de dólares a funcionarios gubernamentales, políticos y partidos en toda la región para asegurar contratos de obras públicas. Esta red de corrupción operó en múltiples países, incluyendo Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina, entre otros.
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