En junio de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación contra el exrepresentante a la Cámara por Boyacá César Pachón por los presuntos delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión, después de que saliera a la luz pública que Pachón había contratado a un individuo para pagar una deuda.
Según el expediente que reveló El Tiempo, el acusado contrató a un hombre en su unidad de trabajo legislativo (UTL), desde el 25 de septiembre de 2018 al 1 de diciembre de 2019 con el fin de librarse de un compromiso monetario que adquirió con él en el pasado, el cual se pagaría con el salario que percibía en su cargo de asistente.
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El documento también reveló que el excongresista presentó ante la División de Personal de la Cámara de Representantes del Congreso de la República certificaciones mensuales en las que justificaba el pago de la nómina por las labores que desempeñaba el asistente.
Además de puntualizar que “los recursos salariales percibidos en ese periodo de tiempo no se destinaron al pago de la referida deuda, en atención a que el investigado habría obligado al denunciante a recibirlos y emplearlos para solventar otras de sus obligaciones personales, para lo cual le requirió en múltiples oportunidades la consignación o entrega de los dineros a terceras personas expresamente indicadas por aquel”.
La Corte Suprema de Justicia también señaló que durante la recolección de pruebas adicionales, obtuvo las declaraciones de nueve personas que ratificaron la versión que manejan los investigadores. Asimismo, encontró material probatorio del vínculo entre el exrepresentante y el sujeto.
El magistrado del caso, Héctor Javier Alarcón, ordenó “realizar extracción de información del equipo celular aportado voluntariamente por el denunciante”, en particular, de las conversaciones que sostenía con Pachón.
De acuerdo con la denuncia, el afectado se conoció con César Augusto Pachón Achury Rafael por medio de Andrés Flórez Carbono para que “facilitara su empresa denominada Dismon S.A.S.” con miras a que Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá en 2017, le adjudicara, por previo acuerdo con el investigado, la contratación para la iluminación navideña del Puente de Boyacá.
Igualmente, el demandante afirmó a los investigadores que el arreglo entre las partes consistía en: la elaboración de las figuras eléctricas del alumbrado por su parte y la remuneración de su labor, al igual que el compromiso de Rafael Andrés Flórez Carbono y Pachón de “pagar el impuesto de valor agregado y las retenciones de la fuente a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian)”, según el expediente. Sin embargo, ese punto no se cumplió.
Por la infracción, la empresa licitante recibió sanciones económicas. Para evitar que su vinculación al caso saliera a la luz, “Pachón le ofreció vincularlo a la unidad de trabajo legislativo que conformó en la Cámara de Representantes, con el propósito de suplir la referida deuda a partir de los recursos que obtendría por esa designación”, dice el documento.
Basándose en el material probatorio, la Corte Suprema de Justicia considera que tiene un caso sólido para juzgar a Pachón del delito de cohecho propio, ya que desde su posición de representante a la Cámara “habría aceptado directamente promesa remuneratoria en favor propio, a cambio de ejecutar una actuación contraria a sus deberes oficiales”.
De igual manera, lo acusan del delito de falsedad ideológica en documento público, debido a que presentó en 14 oportunidades certificaciones en las que hacía constar de manera ficticia el cumplimiento de labores que en realidad no eran desarrolladas por el asistente.
Además, el exrepresentante deberá responder por el delito de peculado por apropiación, por la posible apropiación de los recursos correspondientes a los salarios percibidos por el demandante en calidad de integrante de la unidad de trabajo legislativo del aforado, por un valor total de $92.105.248.
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